Un nuevo caso de violencia escolar, esta vez en el Centro de Estudios de Educación Militarizada (CEDEM) de Ciudad Obregón, Sonora, ha vuelto a poner en la mira los límites difusos entre disciplina institucional y agresión normalizada. El 7 de abril, un estudiante de 17 años fue brutalmente golpeado, amarrado y empujado por una pendiente dentro del plantel, mientras otros alumnos grababan el ataque y lo difundían en redes sociales.
Las imágenes que circularon muestran cómo el joven, identificado como Óscar “N”, fue inmovilizado con cuerdas y cinta canela, introducido en una llanta y arrojado cuesta abajo, sin que ningún miembro del personal docente interviniera. Para la dirección del plantel, lo sucedido fue inicialmente minimizado como una “novatada”. Según testimonios de la madre del agredido, el propio director habría intentado disuadir a la familia de presentar una denuncia, sugiriendo que no se hiciera “un show”.
Pese a la narrativa inicial, el hecho escaló rápidamente a nivel institucional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación tras la denuncia interpuesta por la madre del menor, Dulce Bustamante. Se han iniciado entrevistas con testigos presenciales, revisado los videos entregados por la familia, y se ha canalizado al joven a la Unidad de Atención a Víctimas, donde recibió tanto atención psicológica como una certificación médica para documentar las lesiones.
Frente al escándalo público, el CEDEM emitió un comunicado de condena y prometió medidas “firmes” contra los responsables. El comandante Miguel Labrada Hernández, director del plantel, anunció la expulsión de los agresores, aunque sin especificar cuántos serán sancionados ni en qué plazos. También pidió una “segunda oportunidad” para la institución, argumentando que atienden a jóvenes con antecedentes de conducta antisocial o provenientes de otros planteles donde no fueron aceptados.
Más allá del caso puntual, el suceso ha abierto interrogantes cruciales: ¿qué tipo de cultura institucional permite que episodios así se interpreten como ritos de iniciación? ¿Existen protocolos reales que regulen la convivencia en estos centros, o son las prácticas punitivas parte del método?
El discurso oficial del CEDEM resalta su función de “reintegración educativa” para jóvenes en situación de riesgo. Sin embargo, lo sucedido contradice de manera flagrante esa misión, mostrando que lejos de ser un espacio seguro, el plantel permitió —y quizás incluso alentó, por omisión o permisividad— una forma de violencia estructural con sello militarizado.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, subrayando que este tipo de actos no serán tolerados. Aun así, el caso recuerda otros tantos donde la indignación social se disipa sin consecuencias estructurales. La diferencia esta vez podría radicar en la visibilidad mediática: el video se viralizó, la presión aumentó y el discurso oficial ya no pudo mantener la fachada de lo “normal”.
Mientras la investigación sigue en curso, la familia de Óscar ha dejado claro que no aceptará silencios institucionales ni respuestas a medias. Lo ocurrido en CEDEM no es un hecho aislado ni un error puntual: es un síntoma de cómo ciertos modelos educativos, disfrazados de orden y disciplina, operan sin límites éticos claros y con consecuencias devastadoras para la integridad física y emocional de los estudiantes.
