Con un movimiento que parece sacado de un archivo olvidado en los sótanos del Capitolio, Donald Trump reactivó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación expedita de migrantes venezolanos, señalados como integrantes del grupo criminal Tren de Aragua. Aunque la ley fue concebida para tiempos de guerra —y solo utilizada tres veces en más de 200 años—, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió permitir su aplicación temporal, mientras se resuelve su constitucionalidad en tribunales inferiores.
La votación fue cerrada: cinco votos a favor y cuatro en contra. No se discutió a fondo la validez de la ley, sino su aplicación procedimental. El fallo permite a la administración Trump continuar con las deportaciones, pero establece que los afectados deben ser notificados y contar con la posibilidad de impugnar su expulsión ante los tribunales. Una concesión mínima para una decisión que abre la puerta al uso del aparato estatal como mecanismo de persecución preventiva.
En redes sociales, Trump celebró el fallo con tono triunfalista: “¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió en mayúsculas. El mensaje fue reforzado por figuras clave de su gabinete, como la secretaria de Justicia Pam Bondi y la titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes hablaron de una “victoria histórica” para el estado de derecho. El detalle incómodo: muchos de los deportados no tienen antecedentes penales ni vínculos comprobados con organizaciones criminales. Algunos fueron seleccionados por sus tatuajes, según denunciaron sus abogados.
La estrategia del expresidente se apoya en una retórica que equipara la migración irregular con una “invasión”, usando lenguaje militar para justificar medidas extraordinarias. Bajo este marco, se organizó el traslado de más de 200 venezolanos en vuelos secretos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador, financiada por EE.UU. para retenerlos en condiciones que no se han transparentado.
Los críticos han advertido del peligro de esta maniobra legal. La jueza progresista Sonia Sotomayor no escatimó en su disenso: calificó la medida como una amenaza al estado de derecho. Su colega, Ketanji Brown Jackson, fue más allá al recordar el caso Korematsu, donde se legalizó el internamiento de ciudadanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. “Nosotros, como nación y como corte de justicia, deberíamos ser mejores que esto”, lamentó Sotomayor.
Detrás del espectáculo jurídico, emergen múltiples inconsistencias. La deportación de Kilmar Armando Abrego García —un padre de familia residente en Maryland—, bajo una autoridad legal distinta, evidenció los errores administrativos que pueden derivar en tragedias personales. Mientras tanto, el juez federal James Boasberg lucha por mantener freno a estas deportaciones. Su orden de detener los vuelos fue desobedecida y Trump lo acusó de ser “activista”, generando un conflicto institucional inédito.
La administración, lejos de retroceder, planea aplicar la misma ley para expulsar a presuntos miembros de la pandilla MS-13. La ofensiva se expande, al igual que las dudas sobre el alcance y las consecuencias de invocar una norma redactada cuando el país apenas tenía 22 años de existencia.
Para organizaciones como la ACLU, esto representa una “apropiación de poder escandalosa e ilegal” que pone en riesgo las libertades civiles. Y mientras el litigio sigue su curso, más personas quedan atrapadas en una maquinaria migratoria donde las garantías legales parecen ser lo primero en ser deportado.
