La crisis de violencia sexual infantil en guarderías de Ciudad Juárez ha detonado una ola de indignación y exigencias de justicia que rebasa los límites del horror individual: al menos 71 casos de abuso sexual contra menores de entre 1 y 6 años están siendo investigados en cinco centros infantiles de la ciudad. Las autoridades estatales, tras meses de presión social, han confirmado la apertura de carpetas de investigación y el cierre provisional de las estancias señaladas, entre ellas una del ISSSTE y cuatro más subrogadas por el IMSS o privadas.
Los centros bajo investigación son: Mi Mundo de Colores, Loon A.C., Niñito Jesús, Mi Pequeño Tambor y la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 32 (EBDI 32) del ISSSTE. De acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, los abusos se detectaron tras realizar 218 valoraciones médicas y psicológicas forenses, de las cuales 71 presentaron signos compatibles con abuso sexual.
Las edades de las víctimas van de los 1 a los 6 años, y los casos documentados señalan un patrón preocupante: en la mayoría, los agresores habrían actuado con pleno conocimiento de cómo manipular a menores que no podían verbalizar el abuso o lo hacían de forma confusa, recurriendo a juegos, silencios o lenguaje fragmentado. Padres de familia han denunciado que los responsables aprovechaban condiciones como el trastorno de déficit de atención, problemas de habla o incluso la edad de lactancia para vulnerar sistemáticamente a los menores.
En algunos casos, como el de la guardería EBDI 32 del ISSSTE, las investigaciones iniciaron por mensajes anónimos que circulaban entre padres. Fue solo hasta que la presión ciudadana creció que las autoridades reconocieron la existencia de carpetas de investigación. Testimonios como el de un padre identificado como “F” —cuyo hijo egresado también dio positivo a signos de abuso— revelan una cadena de omisiones institucionales: desde la falta de personal certificado, pasando por la omisión de reportes a padres, hasta la desactivación no informada de cámaras de videovigilancia durante las pesquisas.
La guardería Mi Mundo de Colores, en la colonia Partido Doblado, concentra la mayor cantidad de carpetas: 34 investigaciones tras examinar a 107 menores. Las responsables señaladas son Rosa Iveth “N” y Sonia Yasmín “N”. En la estancia Loon, hay 15 carpetas abiertas y su directora, Lourdes “N”, se encuentra en prisión preventiva. En los centros Niñito Jesús y Mi Pequeño Tambor, se investigan dos casos en cada uno. En el último, Teresa Johana “N” enfrenta una orden de aprehensión. La EBDI 32 tiene 18 carpetas y fue cerrada provisionalmente.
Hasta ahora, solo dos personas han sido detenidas y existen dos órdenes de aprehensión pendientes. A pesar de la magnitud del caso, el gobierno estatal ha descartado la existencia de una red de trata o pornografía infantil, señalando que los hechos no están interconectados.
Sin embargo, el manejo institucional del caso ha dejado más preguntas que respuestas. Padres organizados han denunciado la insensibilidad institucional, la falta de transparencia en protocolos y una reacción tardía por parte de las autoridades. Las movilizaciones ciudadanas, incluidas marchas frente a instalaciones del ISSSTE y reuniones con legisladores locales, han sido clave para visibilizar los hechos y forzar el cierre de los centros implicados.
La situación exige más que medidas paliativas. Exige una revisión profunda del sistema de vigilancia, certificación y monitoreo de estancias infantiles. En una ciudad marcada por la violencia, la impunidad en los espacios destinados al cuidado infantil no puede tratarse como una excepción, sino como una falla estructural del Estado.
