La posible reconfiguración de la producción automotriz de Honda Motor en América del Norte ha encendido las alarmas en Canadá y México, luego de que medios japoneses reportaran que la compañía estaría planeando trasladar parte de sus operaciones a Estados Unidos. El motivo: los aranceles del 25% que el expresidente Donald Trump impuso a los vehículos importados, con la promesa de incentivar la producción local.
Una serie de reportes originados en el diario japonés Nikkei reavivó las tensiones en la industria automotriz de América del Norte. Según el medio, Honda Motor estaría evaluando trasladar parte de su producción desde México y Canadá hacia Estados Unidos, en respuesta a los aranceles del 25% impuestos por Donald Trump a los autos importados. De concretarse, esta reestructuración permitiría que hasta el 90% de los vehículos que Honda vende en EE.UU. fueran fabricados localmente, aumentando su capacidad hasta en un 30% en los próximos dos o tres años.
Sin embargo, la noticia provocó una inmediata reacción en los gobiernos de Canadá y México, donde Honda tiene plantas clave en la cadena de producción regional. En Canadá, el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, y la ministra de Industria, Anita Anand, contactaron a ejecutivos de Honda para esclarecer el escenario. Anand informó públicamente que “Honda nos ha comunicado que no se han tomado esas decisiones sobre producción que afecten a las operaciones canadienses ni se están considerando en estos momentos”. La planta de Alliston (Ontario), que produce los modelos Civic y CR-V y emplea a 4,200 personas, permanece operando sin cambios.
En México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también desmintió cualquier modificación. A través de su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que directivos de Honda en México le confirmaron que “no hay modificación alguna sobre sus planes de producción en México”. Este desmentido directo contrasta con la narrativa de Nikkei, lo que deja en evidencia la distancia entre las especulaciones corporativas y las posturas oficiales.
Mientras tanto, Donald Trump insiste en su línea proteccionista. Desde el Despacho Oval declaró que busca “dar tiempo a las automotrices” para mudarse a EE.UU., aludiendo a exenciones temporales para repuestos y vehículos importados. La presión para nacionalizar cadenas de suministro automotrices no es nueva, pero se ha vuelto un eje discursivo central en su nueva campaña presidencial. Y aunque el T-MEC permite comercio sin aranceles entre las tres naciones, las condiciones de origen y contenido regional imponen barreras que favorecen la producción estadounidense.
Más allá de los desmentidos, Honda no ha emitido un comunicado oficial que desmienta categóricamente el contenido del reporte japonés. Lo que existe es una serie de contactos bilaterales que apuntan a que no hay decisiones tomadas —al menos por ahora—, lo que sugiere una fase exploratoria más que una acción inminente.
El caso expone un dilema recurrente en la lógica del libre comercio norteamericano: ¿qué tan estable es un acuerdo como el T-MEC si las decisiones estratégicas de las empresas responden más a incentivos políticos y presiones fiscales que a reglas multilaterales? En este ajedrez industrial, México y Canadá parecen estar siempre defendiendo piezas que no controlan del todo.
En 2023, Honda anunció una inversión de 15 mil millones de dólares canadienses para expandir su capacidad de producción en Ontario, incluyendo una nueva planta de vehículos eléctricos. De ese monto, 5 mil millones provienen del gobierno canadiense. En ese contexto, el rumor de una deslocalización no es solo un malentendido: pone a prueba la credibilidad del compromiso corporativo con la región.
Por ahora, los gobiernos se esfuerzan en mantener la calma, pero el episodio deja una lección clara: la política comercial de EE.UU. sigue marcando el ritmo, incluso cuando el discurso es el de la integración regional.
