En medio del proceso electoral judicial extraordinario, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE confirmó que las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, ambas aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), violaron las reglas de equidad al arrancar sus campañas. Sin embargo, los castigos aplicados han sido limitados o incluso nulos, debido a un factor clave: el contenido denunciado ya había sido eliminado antes de que el órgano pudiera actuar.
Violaciones sin sanción efectiva
En el caso de Yasmín Esquivel, la denuncia surgió por su participación en el evento Diálogos por la transformación de la justicia en México, realizado el 30 de marzo en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Se le acusó de utilizar recursos públicos para grabar y difundir un video desde instalaciones de la SCJN, además de incluir propaganda electoral impresa no regulada y la presencia de menores en el material publicado en TikTok y X.
Aunque la Comisión del INE consideró procedente el retiro del video en TikTok por incumplir las reglas de equidad electoral, el contenido ya había sido eliminado por la propia ministra. Por tanto, se declaró improcedente cualquier medida cautelar por tratarse de “hechos consumados”.
La estrategia de anticiparse al fallo fue efectiva: al no haber rastro digital disponible al momento de la resolución, la posible infracción quedó sin consecuencia inmediata. No obstante, el caso seguirá su curso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la única instancia facultada para juzgar de fondo estas violaciones.
El evento sindical de Loretta Ortiz
Por su parte, Loretta Ortiz fue denunciada por participar en un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al cual también asistieron otros aspirantes judiciales. La acusación incluía propaganda conjunta, uso indebido de recursos públicos y privados, promoción de candidaturas con sesgo y uso de materiales no reciclables.
A diferencia de Esquivel, Loretta y el SME no retiraron de inmediato sus publicaciones. Esto permitió al INE ordenar formalmente la eliminación del contenido en redes sociales, YouTube y el sitio del sindicato. La autoridad concluyó que el foro no respetó las reglas de equidad, que exigen, entre otras cosas, invitar a todas las personas candidatas al mismo cargo y asignar participaciones por sorteo.
También se denunció la difusión de un video en TikTok donde aparecen servidores públicos adscritos a la ponencia de Ortiz. No obstante, la Comisión no ordenó su eliminación al no haber evidencia de que se identificaran como funcionarios ni que se incurriera en promoción expresa. Por lo tanto, esta parte quedó fuera de sanción.
Medidas sin dientes
Aunque las dos ministras violaron normas electorales, el alcance de las medidas tomadas por el INE ha sido, en la práctica, limitado. En el caso de Esquivel, la eliminación anticipada de las publicaciones impidió cualquier acción inmediata. En el caso de Ortiz, si bien se ordenó el retiro del contenido, no se impusieron sanciones adicionales ni se detuvo la promoción indirecta.
Además, el INE se declaró incompetente para definir si se incurrió en delitos electorales. La propia Comisión de Quejas aclaró que solo puede actuar de forma preliminar, mientras que el análisis de fondo sobre la legalidad de las campañas corresponde al TEPJF.
Por otro lado, el intento de exigir a medios de comunicación que bajaran sus coberturas sobre las campañas fue rechazado, con el argumento de que tales publicaciones forman parte del ejercicio periodístico y están protegidas por la libertad de expresión.
La sombra del TEPJF y el blindaje institucional
Cabe recordar que semanas atrás, una resolución del TEPJF benefició a Ortiz, Esquivel y Lenia Batres al bloquear una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por presuntos actos de precampaña. Con ese precedente, se refuerza la percepción de que el marco legal actual permite a las candidaturas judiciales operar con amplio margen para la promoción, sin consecuencias inmediatas ni efectivas.
Lo que parece claro es que la elección de la próxima ministra de la Corte no solo se juega en los foros o en redes sociales, sino también en las zonas grises del sistema electoral. La falta de sanciones efectivas por violaciones evidentes no solo debilita la equidad del proceso, sino que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de quienes buscan impartir justicia desde la SCJN.
