El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se encuentra en el centro de una de las mayores operaciones legales y administrativas de su historia. Su director general, Octavio Romero Oropeza, anunció que se han interpuesto 38 denuncias penales por actos de corrupción y fraudes inmobiliarios perpetrados durante gobiernos anteriores, y que el organismo se prepara para presentar otras 3 mil 405 denuncias, dirigidas principalmente contra exfuncionarios y despachos jurídicos implicados.
Los fraudes detectados abarcan un abanico amplio: juicios masivos fraudulentos que afectaron a 373 mil derechohabientes, ventas sucesivas de las mismas viviendas, usurpación de identidad, y hasta operaciones con “garantías hipotecarias” que incluían tierras ya hipotecadas o incluso avionetas inservibles. También se denunció el uso indebido de la marca Infonavit por parte de “coyotes” que, en contubernio con funcionarios corruptos, operaban esquemas que vulneraron el ahorro y patrimonio de miles de trabajadores.
A la par del frente judicial, el Infonavit se enfrenta al reto de recuperar 845 mil viviendas en situación crítica: muchas están abandonadas, vandalizadas o invadidas, resultado de desarrollos mal planeados y entregas sin garantías urbanas básicas. En convenio con la Secretaría del Bienestar, se ha iniciado un censo nacional para determinar su estatus legal y estructurar un programa de recuperación, garantizando, según el propio Romero, que no habrá desalojos arbitrarios.
Además, se identificaron más de 4 millones de créditos otorgados en condiciones desventajosas, los cuales ya fueron congelados. El instituto está aplicando esquemas de reestructuración que incluyen reducción de tasas de interés, saldos y mensualidades. Estas acciones buscan enmendar lo que Romero calificó como un modelo de gestión depredador durante los sexenios “neoliberales”.
En términos financieros, el Infonavit reporta una recaudación mensual de 34 mil millones de pesos y un fondo de vivienda que ha alcanzado los 816 mil millones, lo que permite sostener los proyectos de ampliación de crédito y recuperación habitacional. En esta misma línea, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que el programa sexenal de vivienda planea llegar a un millón 100 mil nuevas casas y 1.5 millones de acciones de mejoramiento, con una inversión de 752 mil millones de pesos, que generaría más de 24 millones de empleos directos e indirectos.
En resumen, el Infonavit se encuentra en un proceso de cirugía mayor: expone la corrupción pasada, intenta reparar el daño a los derechohabientes y busca rediseñar un modelo de vivienda más justo. Queda por ver si este viraje estructural logra recomponer la confianza en un sistema hipotecario golpeado por la codicia y la impunidad, pero al menos hoy, por primera vez en años, se está apuntando con nombre y apellido a los responsables.
