La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entra oficialmente en un periodo de contención operativa. Desde el 16 de abril y hasta el 15 de agosto, el máximo tribunal del país únicamente turnará a ponencia aquellos asuntos clasificados como “urgentes”, dejando miles de casos pendientes para la nueva integración que asumirá funciones a partir de septiembre. Esta medida marca un giro sin precedentes en la historia del Poder Judicial, en el marco de su primera renovación vía sufragio.
Según el Acuerdo General 3/2025, los únicos casos que continuarán su curso serán aquellos que involucren personas privadas de libertad, menores de edad, litigios laborales y agrarios colectivos, así como controversias constitucionales con solicitud de suspensión, acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, impedimentos, conflictos competenciales y sentencias de amparo sin ejecutar. Las revisiones administrativas, juicios contractuales, temas fiscales o controversias que no soliciten suspensión quedarán postergadas.
Aunque la SCJN asegura que se mantendrá el cumplimiento de la normativa vigente, el mensaje es claro: la transición pesa más que la celeridad judicial. La Corte también anunció que suprimirá áreas administrativas como la Secretaría de Enlace y Coordinación, y reducirá progresivamente el número de sesiones del Pleno —de tres a dos por semana y luego a una—, lo cual profundiza aún más el rezago.
Ese rezago no es menor. Al cierre de febrero, el Poder Judicial arrastraba 1,100 asuntos sin sentencia. Ahora, con esta pausa operativa, se estima que la nueva integración heredará más de 7,000 expedientes acumulados. Esta carga podría afectar no solo los tiempos de resolución, sino la continuidad institucional de proyectos que quedarán sin autor definido, ya que siete de los actuales ministros dejarán sus cargos en agosto y solo tres buscan reelegirse.
El motivo detrás de estas decisiones no se limita a una cuestión administrativa. Es el anticipo de una nueva era para la Corte, ya que, por primera vez en la historia, nueve de sus integrantes serán elegidos por voto popular. La medida pretende evitar que una integración saliente imponga criterios a una entrante, pero también desnuda los vacíos de una transición judicial que, en los hechos, deja al país sin la atención de su tribunal más importante salvo en lo estrictamente indispensable.
Las cifras y los términos legales son contundentes, pero el impacto ciudadano va más allá: amparos sin resolución, litigios detenidos, revisiones congeladas. La SCJN no está cerrada, pero opera a media máquina, en espera de su propio recambio. En un país donde los procesos judiciales ya arrastran tiempos excesivos, la decisión de la Corte añade una capa más de dilación, disfrazada de estrategia institucional.
Vía Tercera Vía
