La elección judicial extraordinaria en México enfrenta un nuevo y riguroso filtro: el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá anular la elección de candidatos que, tras su triunfo, se confirme que incurrieron en violencia de género, violencia familiar, delitos sexuales, o que sean deudores alimentarios morosos o prófugos de la justicia.
El Consejo General del INE aprobó el 24 de abril un mecanismo que, pese a haber sido calificado como “exceso de atribuciones” por su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, permitirá verificar la elegibilidad de los aspirantes incluso después de las votaciones, como parte de la política “8 de 8 contra la violencia”. El acuerdo fue respaldado por ocho consejeros y establece que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar denuncias, las cuales serán evaluadas por un grupo interdisciplinario del instituto.
¿Cómo funcionará el procedimiento?
El INE habilitará un apartado especial en su portal “Conóceles” para recibir denuncias desde el 25 de abril. Cada aspirante deberá presentar una declaración bajo protesta de decir verdad y un certificado que acredite que no es deudor alimentario moroso. En caso de denuncias, el INE consultará a las autoridades competentes y garantizará derecho de audiencia antes de emitir su resolución.
De acuerdo con el mecanismo aprobado, si el instituto recibe copias certificadas de sentencias firmes antes del 3 de junio, podrá anular las elecciones correspondientes en su sesión del 15 de junio. Las causales específicas que permiten invalidar una candidatura incluyen: sentencia firme por delitos graves contra personas, violencia política de género, ser prófugo desde la emisión de orden de aprehensión, o suspensión de derechos políticos mediante sentencia ejecutoria.
Una elección bajo sospecha
La medida cobra especial relevancia ante las preocupaciones por el perfil de varios candidatos. Defensores MX, organización que vela por la transparencia en el proceso, alertó sobre la postulación de aspirantes con presuntos vínculos criminales, cercanía con la iglesia de la Luz del Mundo o antecedentes de violencia grave. Casos emblemáticos como el de Francisco Herrera Franco, vinculado a la muerte de periodistas, o Silvia Rocío Delgado García, abogada del “Chapo” Guzmán, resaltan entre las denuncias presentadas.
La situación se agrava considerando que, en varios distritos, algunas candidatas denunciadas compiten sin rivales, garantizando prácticamente su elección. Jessica Romero Butrón y Nora García Peralta, por ejemplo, ya estarían virtualmente electas como juezas penales en la Ciudad de México.
Un INE fracturado
El acuerdo no estuvo exento de polémica interna. Guadalupe Taddei votó en contra, alegando que la medida vulnera la presunción de validez del listado de candidatos enviado por el Senado y que altera las reglas en pleno proceso electoral. También advirtió sobre el riesgo de que el INE exceda sus competencias e infrinja el principio de mínima intervención estatal.
No obstante, otros consejeros como Rita Bell López y Uuc-kib Espadas Ancona defendieron el acuerdo, señalando que negar la validez a una candidatura sustentada en delitos comprobados es un deber constitucional. Espadas remarcó que si el 3 de junio existen sentencias firmes certificadas, el INE no podría legitimar esas elecciones sin faltar a la ley.
¿Qué sigue?
Aunque el INE podrá emitir acuerdos de anulación, la decisión definitiva recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto implica que, tras la elección del 1 de junio, algunos triunfos judiciales podrán ser revocados si se confirman irregularidades, impactando directamente en la composición del nuevo Poder Judicial.
La ciudadanía, por su parte, ha sido llamada a participar activamente en la fiscalización mediante la denuncia pública. Una medida que, en palabras de sus impulsores, busca limpiar el proceso; pero que, en el escenario político actual, también refleja la profunda desconfianza en las nominaciones promovidas por el Congreso y los gobiernos estatales.
Entre denuncias de narcovínculos, controversias internas y el riesgo de legitimar perfiles ligados a violencias sistemáticas, la elección judicial de 2024 podría convertirse en un parteaguas sobre la exigencia de transparencia y honorabilidad en los nombramientos públicos en México.
