El organizador del festival AXE Ceremonia, Diego Jiménez Labora, logró frenar de manera provisional cualquier orden de aprehensión en su contra, en un contexto en el que la Fiscalía de la Ciudad de México continúa investigando las responsabilidades por la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida el pasado 5 de abril en el Parque Bicentenario.
El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, bajo la actuación del secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, otorgó la suspensión para evitar que Jiménez Labora sea detenido. Esta medida estará vigente al menos hasta el 6 de mayo, fecha en que se resolverá si procede la suspensión definitiva. A cambio, el empresario debe garantizar el pago de 9 mil pesos y presentarse ante el juez que eventualmente hubiera librado orden de captura.
La suspensión busca mantener “las cosas en el estado en que se encuentran” y proteger la libertad personal del empresario mientras se esclarece si existe efectivamente una orden de aprehensión formalizada en su contra. Se trata de un amparo “buscador”, es decir, se solicita protección sin certeza de que ya haya una orden judicial emitida, lo cual deja en suspenso la certeza jurídica sobre su situación.
Cabe destacar que esta suspensión no paraliza el proceso penal que la Fiscalía capitalina mantiene abierto. La investigación sigue su curso, y de hecho, la fiscal Bertha Alcalde Luján adelantó que en los próximos días se definirán imputaciones contra probables responsables, resultado de más de 35 entrevistas y más de 20 peritajes técnicos en distintas especialidades como criminalística, seguridad industrial, y medicina forense.
Los primeros resultados apuntan a que la estructura de grúa tipo tijera que colapsó —y que fue publicitada como “punto seguro” en redes sociales del festival— no formaba parte del Plan de Protección Civil presentado ante la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esta omisión podría configurar un grave incumplimiento de medidas de seguridad básicas para eventos masivos, agravado por el hecho de que, tras el colapso y las muertes, el evento continuó desarrollándose.
Diego Jiménez, fundador de Grupo ECO, una de las cuatro empresas bajo investigación, emitió un comunicado en Instagram días después del accidente. En él, expresó su “profundo dolor” por lo sucedido y aseguró estar colaborando “de la manera más respetuosa, profesional y humana posible” con las autoridades. Asimismo, enfatizó su intención de apoyar a las familias de las víctimas. Sin embargo, este pronunciamiento tardío y el hecho de que inicialmente se reportara su desaparición del lugar del accidente, ha generado escepticismo y críticas públicas respecto a la real disposición del empresario para enfrentar las consecuencias legales.
La concesión de la suspensión provisional, aunque legalmente válida, se interpreta en un contexto social donde existe una profunda desconfianza hacia los mecanismos de justicia, particularmente cuando involucran a empresarios o figuras con capacidad de maniobra legal. Casos como este refuerzan la percepción de que mientras las víctimas y sus familias deben enfrentar duelos irreparables, los responsables pueden recurrir a herramientas jurídicas que postergan la rendición de cuentas.
Por ahora, la situación legal de Diego Jiménez Labora permanece en una zona de indefinición jurídica: protegido, pero no exonerado; investigado, pero aún sin imputaciones formales. Lo cierto es que el proceso sigue abierto, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia, y el caso del AXE Ceremonia se convierte en un nuevo recordatorio de los riesgos que implica normalizar el cumplimiento “a medias” de las normativas de seguridad en espectáculos masivos.
