A más de seis meses de su desaparición, la búsqueda de la activista mixe y abogada Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo, Alexander Hernández Hernández, culminó de la peor manera. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado 24 de abril de 2025, enterrados en dos fosas clandestinas en un camino de terracería que conecta las localidades de La Ceiba y Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, Veracruz. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la identidad de las víctimas mediante estudios periciales.
El hallazgo fue producto de un operativo conjunto entre diversas instancias federales y estatales, incluyendo la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque las autoridades han presentado los resultados como un “avance”, la realidad evidencia un profundo rezago institucional: fueron necesarias múltiples operaciones, cateos y hasta enfrentamientos armados para llegar a una verdad que pudo y debió ser esclarecida mucho antes.
Desde el reporte de su desaparición, las primeras pistas condujeron a Veracruz: la camioneta de la pareja fue encontrada abandonada en Playa Vicente y, poco después, el teléfono de Sandra fue asegurado en la comunidad de El Nigromante. Sin embargo, la investigación avanzó a trompicones. No fue sino hasta el operativo del 29 de enero de 2025 en el rancho “El Capricho”, en Nazareno Sochiapan, donde, tras un enfrentamiento armado, se abatieron a A.G.T., presunto propietario del rancho y objetivo de una orden de aprehensión, junto con dos de sus colaboradores. En el mismo hecho perdió la vida un agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
El aseguramiento de armas de alto poder, como rifles AR-15 y AK-47, evidenció el nivel de violencia e impunidad con que operan las células delictivas en la región. Y fue, precisamente, la información obtenida tras ese operativo la que permitió delimitar los “polígonos de búsqueda” que llevaron finalmente al hallazgo de Sandra y Alexander.
No obstante, el caso de Sandra Domínguez va más allá de una simple desaparición atribuida al crimen organizado. Sandra había denunciado en 2020 el uso de su imagen en un chat de contenido sexual no consensuado, involucrando a funcionarios estatales, entre ellos Donato Vargas, coordinador de Delegados de Paz del Gobierno de Oaxaca. Pese a las graves acusaciones, las autoridades no actuaron en su momento. La falta de protección, la omisión de justicia y la negligencia institucional son parte esencial del contexto que terminó en tragedia.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México catalogaron su desaparición como “forzada”, siguiendo la misma lógica de otros casos como el de Irma Galindo Barrios y Claudia Uruchurtu Cruz, activistas igualmente víctimas de un aparato estatal incapaz (o cómplice) frente a la violencia.
Actualmente, una mujer identificada como C.E.R.M. se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva por su presunta participación en el caso. Pero las autoridades admiten que la investigación sigue abierta, intentando identificar a más responsables.
La narrativa oficial busca ahora vender la idea de “avances sustantivos”, pero lo cierto es que el hallazgo no borra seis meses de incertidumbre, dolor y abandono. Como denunció Joaquín Galván, amigo de la activista: “Fue el Estado el responsable, por todas sus negligencias e improvisaciones”.
El caso de Sandra no es un hecho aislado. Es el retrato descarnado de un país donde defender derechos humanos significa firmar una sentencia de muerte y donde la justicia, cuando llega, lo hace tarde, mal y con olor a impunidad.
