La historia de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se perfila como otro vergonzoso capítulo donde la justicia parece tropezar frente al poder político. Acusado de encabezar un esquema de desvío de recursos públicos por más de 3 mil 400 millones de pesos, Aureoles enfrenta cargos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y, sin embargo, permanece libre.
El entramado legal que ha permitido frenar su captura resulta indignante. El pasado 22 de abril, un secretario en funciones de juez federal, José Alberto Rodríguez Rivera, le concedió una suspensión provisional, deteniendo temporalmente la orden de aprehensión emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no tardó en reaccionar: interpuso un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida. Aunque el tribunal tiene 48 horas para resolver, cada minuto que pasa es un testimonio de las grietas del sistema judicial mexicano.
El modus operandi que investiga la FGR incluye la construcción irregular de siete cuarteles policiales en municipios como Apatzingán, Huetamo y Uruapan, donde no solo se desviaron recursos, sino que también se simuló el arrendamiento y compra de inmuebles, en un patrón clásico de corrupción institucionalizada.
Mientras sus colaboradores cercanos ya enfrentan prisión preventiva —como Carlos Maldonado Mendoza y Elizabeth Villegas Pineda—, Aureoles logró evadir la acción de la justicia huyendo en helicóptero el pasado primero de marzo, justo antes de que agentes federales pudieran capturarlo en Morelia. Aunque fue localizado en Guadalajara, nuevamente se esfumó, como si la realidad mexicana se empeñara en rendir tributo a tramas de ficción, solo que aquí las consecuencias son mortales para la confianza ciudadana.
La maniobra de amparo presentada por Aureoles y su billete de depósito de apenas 52 mil pesos —una cifra irrisoria frente al daño millonario que se le imputa— son una burla abierta. Esta garantía le permite gozar, por ahora, de la protección judicial mientras el Tribunal Colegiado decide si confirma, modifica o revoca la suspensión.
La situación es doblemente indignante si se considera que, de no comparecer ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles, la suspensión provisional podría ser revocada. Pero Aureoles ya demostró su habilidad para escabullirse: su salida del restaurante, su abordaje a la aeronave de Servicios Aéreos La Viña, y su posterior desaparición en Guadalajara no son casualidades, sino maniobras tácticas para esquivar la ley.
En tanto, la FGR aseguró judicialmente las instalaciones de la empresa de aviación que facilitó su huida, un gesto más simbólico que efectivo frente a la falta de detención del principal acusado.
Todo este proceso pinta un cuadro desolador: a pesar de las evidencias acumuladas, de los millones de pesos desaparecidos y del quebranto al erario michoacano, la justicia mexicana sigue atrapada entre amparos, suspensiones y técnicas dilatorias.
La única cuestión que queda en el aire es si el aparato judicial permitirá, una vez más, que un exgobernador acusado de saquear recursos públicos termine disfrutando su libertad como un “fugitivo VIP”.
