Mientras en los congresos se reforman códigos civiles y penales, en las comunidades indígenas de Guerrero los matrimonios infantiles siguen celebrándose con música tradicional, dotes en efectivo y transmisiones en Facebook. La más reciente ocurrió en San Pedro Cuitlapa, municipio de Tlacoachistlahuaca, donde una pareja de adolescentes —él de 13 y ella de 14 años, según reportes vecinales— fue “casada” en una ceremonia festiva el pasado 5 de mayo. No hubo acta del Registro Civil, pero sí vals, banquete y billetes prendidos en la ropa de los novios como parte de la celebración.
La Secretaría de la Mujer del estado se apresuró a aclarar que se trató de un acto social y no legal, como si esa diferencia formal bastara para eximir de responsabilidades a autoridades que —según testimonios— estuvieron al tanto de la organización del evento. En redes sociales, la indignación no se hizo esperar: “Son niños, ¿cómo pueden permitir esto?”, escribió un usuario. Otros, sin embargo, defendieron la “costumbre”.
Aunque en 2022 el Congreso de Guerrero armonizó su legislación con la federal para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, y en 2024 el Senado de la República prohibió explícitamente estas uniones incluso bajo usos y costumbres, los datos y las prácticas en campo muestran otra realidad. Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en matrimonios con menores de edad (42.41%), solo detrás de Chiapas. Y los mecanismos culturales de opresión no han desaparecido: en muchas comunidades amuzgas, mixtecas y afromexicanas, la dote sigue siendo un elemento central que perpetúa la infantilización de las mujeres y su transacción como “esposas”.
Organismos como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han documentado más de 50 casos de matrimonios forzados o infantiles en la región de la Montaña. Denuncian que no existen canales eficaces para atender a las niñas vendidas o entregadas en “arreglos familiares” y que las estrategias gubernamentales —como la anunciada en 2021 por la gobernadora Evelyn Salgado— han sido más bien actos de relaciones públicas que respuestas estructurales. A la fecha, no hay resultados públicos de dicha estrategia, ni se ha involucrado a las organizaciones que acompañan a las víctimas.
Las reformas legales avanzan en papel. En abril de 2025, el Congreso local aumentó las penas de prisión para quienes obliguen o gestionen uniones forzadas entre menores. Y en enero, la diputada Araceli Ocampo propuso agravantes cuando las víctimas pertenezcan a pueblos originarios. Pero mientras las políticas no incluyan medidas efectivas de prevención, educación y protección comunitaria, los matrimonios infantiles seguirán ocurriendo en plazas públicas, entre aplausos y likes.
Decir que se trata de “usos y costumbres” no puede seguir siendo excusa para ignorar que se vulneran derechos fundamentales. Las niñas y niños no deberían necesitar una cámara o un post viral para que las autoridades actúen.
