En los últimos años, México ha enfrentado un fenómeno creciente y preocupante: la instalación de “cámaras parásitas” por parte del crimen organizado. Estos dispositivos de videovigilancia, colocados de manera clandestina en postes de luz, telefonía y otras infraestructuras públicas, permiten a los grupos delictivos monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad, rivales y posibles víctimas, facilitando actividades ilícitas como el narcotráfico, el narcomenudeo, el secuestro y la extorsión.
Una red clandestina en expansión
Según datos recopilados hasta marzo de 2025, las autoridades mexicanas han desmantelado más de 2 mil 300 cámaras ilegales en al menos ocho estados del país. Guanajuato encabeza la lista con mil 400 dispositivos retirados en el municipio de Celaya, seguido por Sinaloa con 499, principalmente en Culiacán. Otros estados afectados incluyen Guerrero, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Chiapas y Sonora.
Estas cámaras, muchas veces instaladas con tecnología de consumo como dispositivos inalámbricos conectados a tabletas o teléfonos móviles, permiten a las organizaciones criminales consolidar su control territorial y anticipar operativos de las autoridades. En algunos casos, se han descubierto centros de monitoreo más avanzados, como uno asegurado en enero en Culiacán, presuntamente operado por la facción conocida como “Los Chapitos”, que contaba con múltiples pantallas para vigilar entradas y salidas de la ciudad.
El caso más reciente: 43 cámaras desmanteladas en Acapulco
En el puerto de Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se llevó a cabo el aseguramiento de 43 cámaras parásitas instaladas de manera ilegal en postes de luz y telefonía.
Esta operación se realizó tras recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre la colocación de dispositivos de videovigilancia no autorizados en diversas colonias del municipio. Elementos de las fuerzas federales respondieron al llamado y procedieron a desmantelar el equipo, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Entre febrero y mayo de 2025, las autoridades han logrado desinstalar un total de 174 cámaras parásitas en la región, en un esfuerzo por frenar las actividades de inteligencia criminal utilizadas por grupos delictivos para monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad.
Un desafío para la seguridad pública
Expertos en seguridad advierten que la instalación de estas cámaras clandestinas genera riesgos tanto para la población como para las autoridades. Su uso por parte del crimen organizado incrementa la violencia en las zonas donde operan, afectando principalmente a empresarios y comerciantes. Además, la presencia de estos dispositivos ilegales reduce la capacidad del Estado para mantener el orden y garantizar el acceso a la justicia.
Aunque las autoridades estatales y federales han intensificado los operativos para retirar estas cámaras, reconocen que el problema persiste. La facilidad con la que estos grupos instalan sus cámaras y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir esta práctica son factores que complican su erradicación.
El desmantelamiento de las “cámaras parásitas” representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en México, sin embargo, la magnitud del problema requiere de estrategias más coordinadas y efectivas para garantizar la seguridad de la población y restablecer el control del Estado sobre los espacios públicos.
