Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un informe completito sobre jueces que han beneficiado a líderes criminales con resoluciones que, francamente, hacen dudar si están trabajando por la justicia… o por los cárteles.
Porque sí, mientras unos luchan por meter a los delincuentes tras las rejas, otros los están dejando salir.
Casi 200 decisiones que le dieron la mano al crimen organizado
Harfuch presentó un informe donde se documenta que, desde que empezó el sexenio de Claudia Sheinbaum hasta mayo de este año, se registraron 193 decisiones judiciales que terminaron favoreciendo a delincuentes.
“Hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales, que lejos de proteger a la sociedad y garantizar justicia a las víctimas de violencia, han favorecido a quienes las agreden”.
De esas 193:
- 164 fueron cambios de medida cautelar, o sea, pasaron de prisión preventiva a libertad condicional u otras formas menos restrictivas.
- 12 resultaron en liberaciones definitivas.
Eso significa que más de 100 delincuentes salieron de prisión, no porque fueran inocentes, sino por decisiones judiciales que suavizaron sus castigos.
Harfuch exhibe a jueces ligados con liberaciones de capos
El secretario de Seguridad no solo expuso las cifras, también nombró directamente a jueces que han estado involucrados en estas liberaciones. Uno de los más señalados fue Gregorio Salazar Hernández, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien en abril ordenó la salida de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes del “Cártel de Sinaloa”.
Este mismo juez ya había sido noticia en enero del año pasado, cuando liberó a Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del “Cártel del Golfo”. Y por si fuera poco, en noviembre de 2024 también revocó la prisión preventiva de otro sobrino del mismo capo, José Alfredo “N”.
Otro de los mencionados fue el juez Silvestre Peña Crespo, desde Guanajuato, quien firmó al menos cinco resoluciones para trasladar a criminales de alta peligrosidad —acusados de secuestro, corrupción de menores, y más— entre distintos penales. Según Harfuch, estos traslados también han sido utilizados como estrategias para aligerar el castigo o complicar los procesos judiciales.
También salió a relucir el nombre del juez Enrique Hernández Miranda, de Sonora, quien de los 42 jueces que han favorecido a miembros del crimen organizado, encabeza la lista de cambios de medida cautelar con 58 resoluciones. O sea, cambió la prisión por otras medidas más suaves en casi 60 ocasiones.
“Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello, es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, finalizó.
