El conflicto diplomático que enfrenta a México con Google y, en segundo plano, con el gobierno de Estados Unidos, ha dejado de ser un diferendo simbólico para convertirse en una batalla jurídica. El motivo: la decisión del gigante tecnológico de renombrar parte del Golfo de México como “Golfo de América” en su aplicación de mapas, siguiendo un decreto del presidente Donald Trump que pretende redefinir esa área marítima en favor del discurso nacionalista estadounidense.
Desde enero, Trump ordenó que la porción correspondiente a la plataforma continental estadounidense del golfo fuese rebautizada oficialmente, un gesto que fue respaldado por la Cámara de Representantes y replicado por compañías como Google y Apple… pero solo en sus plataformas para usuarios dentro de Estados Unidos.
Ante esto, el gobierno de Claudia Sheinbaum inició acciones legales contra Google en tribunales mexicanos. Según lo declarado por la propia presidenta, ya existe una primera resolución judicial —de la cual no se han compartido detalles— y Google se encuentra formalmente demandado. El reclamo central es que el cambio de nombre en la plataforma se extiende más allá de lo autorizado por el decreto de Trump, afectando la soberanía simbólica y geográfica de México y de Cuba.
Sheinbaum ha sido enfática: Estados Unidos puede decidir cómo llamar a sus propias regiones, pero no puede redefinir unilateralmente un cuerpo de agua compartido internacionalmente. El argumento legal y político mexicano es que la “atribución nominal” de una plataforma digital con influencia global también tiene consecuencias geopolíticas. La exigencia es clara: Google debe reflejar el cambio de nombre solo en la porción correspondiente al territorio estadounidense y restituir el nombre original en la parte mexicana y cubana del golfo.
Este no es el primer intento del gobierno mexicano por obtener una rectificación. En marzo, Sheinbaum ya había presentado una demanda ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la CDMX, solicitando una indemnización y la restitución del nombre en las plataformas digitales. Sin embargo, el juez la desechó por incompetencia y falta de afectación directa. La nueva demanda habría superado ese obstáculo, aunque el gobierno aún no aclara si esta nueva acción judicial implica otro tribunal o una reinterpretación de los fundamentos anteriores.
La disputa no se limita a un tecnicismo cartográfico. Es también una afirmación del derecho de los países a defender sus representaciones simbólicas en entornos digitales dominados por corporaciones extranjeras. México alega que este tipo de decisiones, aunque parezcan ajustes de software, erosionan la legitimidad de acuerdos geográficos reconocidos internacionalmente y crean un precedente preocupante para la forma en que se representa el mundo en plataformas con alcance global.
Aunque Sheinbaum reconoció que el tema no ha sido discutido directamente con Trump en sus recientes llamadas, no dejó pasar la oportunidad para responder con ironía a la iniciativa estadounidense: “¿Y si mejor renombramos a Estados Unidos como América Mexicana?”, sugirió, recordando que en mapas del siglo XVII gran parte del oeste norteamericano formaba parte del entonces territorio novohispano.
Por ahora, Google podrá apelar la decisión judicial, mientras México insiste en que ni el algoritmo ni los mapas deben estar por encima del derecho internacional. La disputa, más allá de los píxeles y las líneas virtuales, es un recordatorio de que en la era digital también se libra la batalla por los nombres.
