n un contexto donde las omisiones ambientales suelen quedar impunes, el Gobierno de Nuevo León ha marcado un precedente al anunciar una sanción histórica de hasta 80 millones de pesos contra la empresa siderúrgica Ternium, responsable del daño ambiental en el arroyo La Talaverna. El derrame de químicos industriales, compuesto por más de 400 mil litros de sustancias altamente corrosivas y tóxicas —incluyendo cloruro ferroso, agua ácida y ácido clorhídrico—, contaminó más de 11 kilómetros del cauce, afectando gravemente la fauna, la flora y la calidad del agua en varios municipios del área metropolitana de Monterrey.
El hecho, que salió a la luz el 18 de abril de 2025 gracias a denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales, expuso la letalidad del derrame: tortugas, gallinas, peces, cabras y borregos aparecieron muertos en las inmediaciones del afluente. Pese a la reacción inicial de Ternium —que minimizó la coloración rojiza del agua como “no riesgosa”—, la evidencia y las inspecciones realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente estatal apuntaron a un desastre de gran escala.
Frente a la magnitud del daño, el Gobierno estatal, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente a cargo de Alfonso Martínez Muñoz, respondió con celeridad. Se ordenó la limpieza inmediata del arroyo, se exigió un plan de remediación en un plazo de cinco días hábiles y se iniciaron inspecciones conjuntas con otras dependencias. Si bien la empresa presentó acciones de limpieza, el informe solicitado por la autoridad estatal venció sin que se entregaran resultados verificables.
En respuesta, la Comisión Ambiental Metropolitana de Monterrey (CAME) respaldó la imposición de la multa, que podría convertirse en la mayor sanción ambiental jamás impuesta en el estado. Además, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal (Profepa) reforzaron las acciones legales y administrativas, incluyendo la clausura del área de tanques donde ocurrió el derrame.
Más allá de la sanción puntual, el caso Ternium se enmarca en un viraje más amplio de la política ambiental de Nuevo León. Durante la misma sesión de la CAME, el Gobierno estatal anunció una serie de reformas estructurales y acciones proactivas orientadas a fortalecer la vigilancia ambiental y prevenir futuros desastres. Entre estas destacan:
- Normativas para el uso de combustibles más limpios en industrias,
- Nuevos controles de emisiones en patios industriales,
- Expansión de la capacidad de inspección ambiental estatal,
- Implementación de un programa de respuesta ante contingencias atmosféricas,
- Creación de zonas de bajas emisiones,
- Modernización del monitoreo ambiental y,
- Medidas urbanísticas para contener el crecimiento horizontal desordenado.
Estas acciones no son solo correctivas, sino estructurales: buscan anticiparse al próximo desastre antes de que suceda. En un país donde muchas veces la respuesta institucional llega tarde o no llega, el enfoque de Nuevo León apunta a consolidar una agenda de justicia ambiental con visión de futuro, sin ceder ante intereses empresariales que históricamente han operado sin consecuencias tangibles.
En tiempos en que el escepticismo ciudadano hacia los gobiernos es alto y la devastación ambiental es cada vez más visible —desde las playas contaminadas hasta los cielos cubiertos por ozono y partículas—, decisiones como esta representan una apuesta política valiente. No basta con sancionar; se trata de sentar un precedente donde el medio ambiente no sea negociable.
