La aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada Ley de Propinas 2025 marca un hito en la legislación laboral mexicana. A la espera de su paso definitivo por el Senado, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modificar las condiciones laborales de más de 1.7 millones de personas que, hasta ahora, han vivido bajo la incertidumbre de un ingreso basado casi exclusivamente en la voluntad del cliente.
La iniciativa obliga a que meseros, baristas, trabajadores de hoteles, gasolineras y repartidores, entre otros, reciban un salario base no inferior al mínimo legal vigente, actualmente fijado en 278.80 pesos diarios. Este es uno de los cambios estructurales más relevantes: que las propinas dejen de ser una excusa para pagar menos. En términos legales, estas gratificaciones se reconocen como voluntarias y adicionales, no integradas al salario ni administrables por los empleadores.
La ley también prohíbe que las propinas sean manipuladas por los dueños de los negocios, un mecanismo que, en la práctica, ha permitido prácticas discrecionales, reparto desigual y hasta apropiación indebida. Con la nueva regulación, los trabajadores deben ser los únicos responsables de la distribución de las propinas, promoviendo acuerdos internos equitativos y reconociendo su derecho pleno a recibir lo que generen por su servicio.
A nivel estructural, el marco legal ofrece un acceso más amplio a derechos laborales: seguridad social, vacaciones, aguinaldo, Infonavit y guarderías del IMSS. En otras palabras, la reforma busca que la gratitud del cliente deje de ser el único sustento de miles de familias trabajadoras y se traduzca en mejores condiciones de vida mediante derechos formalizados.
Pero no todo es celebración. El sector empresarial ha levantado alertas sobre el impacto financiero de la reforma. Se estima que los costos laborales podrían incrementarse hasta en un 36%, lo cual abre la puerta a un riesgo de informalidad. Restaurantes, cafeterías y hoteles deberán reconfigurar sus contratos, sistemas de nómina y políticas internas en un plazo de 180 días una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. La STPS será la encargada de vigilar su cumplimiento, imponer sanciones y mediar en posibles disputas.
Además, algunas voces del sector señalan que el aumento en costos podría repercutir en los precios al consumidor, modificar esquemas de contratación o incluso incentivar la subcontratación encubierta. Estos efectos secundarios aún están por evaluarse y dependerán, en gran medida, de cómo el Estado articule mecanismos de supervisión efectivos y de si las empresas asumen esta transformación como parte de una profesionalización necesaria del sector.
En suma, la Ley de Propinas 2025 no es sólo una actualización técnica de la LFT: es una apuesta política y económica por la formalización de un sector históricamente precarizado. Aporta certezas a los trabajadores, obliga a los empleadores a revisar sus modelos operativos y abre el debate sobre hasta dónde debe llegar la regulación laboral sin estrangular al mercado. Su implementación, más que un punto final, es el inicio de una nueva tensión entre justicia laboral y viabilidad empresarial.
