El youtuber más popular del mundo volvió a generar debate. Esta vez no por regalar dinero ni por superar retos extremos, sino por recorrer zonas arqueológicas mexicanas con un acceso que miles de personas —incluidos investigadores— jamás han podido obtener. Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, subió el 10 de mayo un video titulado “Sobreviví 100 horas en un templo antiguo”, filmado en Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché. En él, aparece subiendo pirámides, acostado en hamacas en sitios arqueológicos y operando drones cerca del templo de Kukulcán. La narrativa del influencer fue clara: “No puedo creer que el gobierno nos haya dejado hacer esto”.
La publicación desató una tormenta en redes sociales. Las acusaciones de “trato preferencial” no tardaron, acompañadas del enojo por parte de mexicanos que nunca han podido acceder a estos espacios. Algunos mensajes fueron más allá: lo acusaron de colonialismo digital por usar el patrimonio cultural como escenografía para entretenimiento extranjero.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) intentó enfriar el escándalo. A través de varios comunicados, explicó que la visita del creador de contenido se realizó bajo los permisos pertinentes, tramitados por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos estatales de Campeche y Yucatán. Añadió que los recorridos se llevaron a cabo en zonas públicas o accesibles con previa justificación, como sucede con visitas comunitarias. También aseguró que el material tiene “un enorme trabajo de postproducción” y que varias escenas fueron dramatizadas, incluyendo el supuesto descenso en helicóptero y la pernocta en zona arqueológica.
No obstante, el fuego ya estaba encendido. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, expresó su inconformidad durante un acto público en Los Pinos: “Por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá sanciones correspondientes, porque para eso no son esos espacios”. A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se investigará el otorgamiento de permisos por parte del INAH para determinar si hubo irregularidades o violaciones al marco legal.
La institución reiteró que los recorridos fueron supervisados por su personal y que ni Donaldson ni su equipo dañaron el patrimonio arqueológico. También negó que se haya ingresado un dron al interior del templo de Kukulcán —como sugiere el video— o que se hayan mostrado piezas auténticas: la máscara prehispánica que aparece es, según el INAH, una réplica contemporánea.
El video ha superado los 50 millones de vistas, y el INAH no dejó pasar la oportunidad para destacar el potencial de este tipo de contenidos virales para “acercar a los jóvenes al patrimonio mexicano”. Pero el matiz no es menor: la crítica no se centra en la difusión cultural, sino en la falta de equidad y transparencia. Para muchos, este caso refleja una tensión no resuelta entre la protección patrimonial y la exposición mediática global, donde las figuras con millones de seguidores gozan de libertades que a otros les son negadas sistemáticamente.
El marco legal es claro. Desde 2008 está prohibido subir o ingresar a templos arqueológicos como medida de conservación. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas establece sanciones que van de multas económicas a penas de prisión por intervenir en monumentos sin autorización del INAH. El artículo 47 prohíbe expresamente excavaciones y remociones sin aprobación oficial. Las sanciones pueden ir de tres a diez años de cárcel.
Aun así, la legalidad no borra la percepción pública. Las críticas persistieron: “¿Cuánto pagó para entrar ahí?”, “Los mexicanos no podemos ni acercarnos”, “Esto es corrupción cultural”, se leen entre miles de comentarios. Incluso algunos académicos y arqueólogos se sumaron a la indignación, recordando que ni ellos han tenido acceso a espacios como los mostrados en el video.
La controversia tiene implicaciones más profundas. Por un lado, revela las fisuras en la gestión del patrimonio frente a la influencia de creadores digitales con alcance global. Por otro, plantea la necesidad urgente de establecer lineamientos más estrictos, no solo sobre el acceso a zonas restringidas, sino sobre el uso y representación del patrimonio cultural en redes.
¿Puede un video viral justificar el acceso diferenciado a zonas arqueológicas protegidas? ¿Debe el entretenimiento digital tener un pase libre en nombre de la difusión cultural? La respuesta no está en los likes, sino en la coherencia de las políticas públicas, la rendición de cuentas y el respeto a la memoria histórica.
