Un operativo antidrogas en Sinaloa desató un nuevo roce diplomático entre México y Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca presume coordinación estrecha y certificación operativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum niega tajantemente la participación de cualquier agente extranjero. En medio del ruido, el mensaje que queda es tan borroso como las fotos del operativo.
La operación en cuestión —realizada en algún punto no especificado del estado de Sinaloa— resultó en el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas. Según el ICE-HSI, esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto para impedir que el fentanilo llegue a las calles de Estados Unidos. Sin embargo, lo que debió presentarse como un logro bilateral en materia de seguridad, se convirtió en una controversia mediática y diplomática.
El punto de fricción surgió por el tono del comunicado difundido el 14 de mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En él, la agencia estadounidense afirmaba que la operación había sido “dirigida por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE”, lo que fue interpretado por medios y usuarios como una admisión de intervención directa en territorio mexicano. Las imágenes compartidas por la misma institución —donde se observan agentes armados con insignias del ICE en lo que parece ser suelo mexicano— solo avivaron la percepción de intromisión.
La embajada de Estados Unidos en México intentó corregir el rumbo horas después, afirmando que las acciones fueron encabezadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, “certificada” por el ICE y HSI. Aclararon también que no hay operaciones unilaterales estadounidenses en México. Pero el matiz del término “certificación”, lejos de apaciguar los ánimos, reavivó el debate sobre soberanía operativa. ¿Una agencia mexicana certificada por una agencia extranjera actúa bajo qué lógica de mando?
Claudia Sheinbaum, visiblemente incómoda con la narrativa difundida por la parte estadounidense, salió al paso negando cualquier tipo de subordinación o participación física de personal extranjero. En su conferencia matutina, calificó como “falsa” la versión que sugiere cooperación en campo. Detalló que, si bien existen canales de colaboración, estos se limitan a la entrega de información que eventualmente deriva en denuncias que la FGR ejecuta. Para reforzar su postura, añadió que desde la llegada de la Cuarta Transformación, no se ha permitido la participación de agentes foráneos en operativos dentro del país.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también intervino para respaldar la versión oficial mexicana: “Ningún personal o agente extranjero participa en operaciones físicas en territorio mexicano”, reiteró. A su vez, el periodista Jesús Esquivel subrayó que en el comunicado original del ICE, la palabra usada en inglés fue “led” (dirigida), lo que refuerza la idea de que la agencia estadounidense se adjudicó la conducción del operativo. A eso se suma el uso del término “vetted”, interpretado por Esquivel como “aprobados por el gobierno de México”, pero que no implica subordinación o mando directo.
En las sombras de este desencuentro terminológico, la narrativa bilateral queda nuevamente a merced de interpretaciones. Para la embajada estadounidense, se trató de una acción conjunta, con validación y respaldo recíproco. Para el gobierno mexicano, es inaceptable que se sugiera cualquier tipo de injerencia o presencia táctica de elementos extranjeros, aunque haya fotografías que digan lo contrario.
La polémica pone de relieve una contradicción de fondo: la necesidad de colaboración transfronteriza en temas como el narcotráfico choca de frente con las narrativas soberanistas del gobierno mexicano. El discurso de “cooperación sin intervención” se pone a prueba cada vez que una agencia estadounidense publica imágenes o declaraciones con una carga simbólica mayor de lo que permite la diplomacia.
No se trata solo de quién sostiene el rifle en la foto, sino de quién redacta el pie de imagen. En esta guerra de narrativas, tanto los agentes del ICE como los voceros del gobierno mexicano parecen más preocupados por los encabezados que por explicar, con claridad, los límites de su cooperación. Y mientras las versiones se cruzan, lo cierto es que las rutas del fentanilo no conocen fronteras diplomáticas.
