Bajo presión
Soberanía condicional
Hay silencios que ensordecen y entendimientos que, por su claridad, duelen hasta el tuétano. Uno de ellos es la peculiar danza de la relación bilateral entre México y Estados Unidos: un baile en el que la promesa de “socio estratégico” se disuelve al compás de decisiones unilaterales y gestos ambiguos. La reciente cancelación de visa a la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ilustra con nitidez esta coreografía desigual. La noticia llegó como suelen hacerlo los golpes bajos: tarde, mal y por conductos no oficiales. Un bloqueo sin explicación, semejante a ese silencio virtual que te deja perplejo mientras el emisor -desde su cómoda distancia- sigue atento a tus movimientos.
La suspicacia, compañera inseparable en estos terrenos, nos empuja a buscar explicaciones ocultas. ¿Un hallazgo grave? ¿La confirmación de los rumores sobre el dominio del crimen organizado en Baja California? Pero la lógica flaquea cuando la mirada se vuelve hacia el norte, hacia Washington, donde la familia de Ovidio Guzmán es recibida con una cortesía que descoloca. No para rendir cuentas. No para enfrentar el peso de la ley. No. Un encuentro discreto, sin reflectores, presumiblemente con abogados caros, traductores impecables y la promesa tácita de un sendero más llano a cambio de cooperación.
Es en ese contraste donde la verdad asoma: esto no va de justicia ni de seguridad. Esto, como tantas veces, es política exterior disfrazada de ética. Es control revestido de cortesía diplomática. Una cirugía quirúrgica en la que los principios ceden ante las conveniencias del momento. La “guerra contra las drogas” que dice librar Estados Unidos es selectiva, teatral, más empeñada en la narrativa que en las soluciones. Mientras sus ciudades sucumben ante la epidemia de fentanilo y sus cárceles se llenan de usuarios marginales, los grandes capos internacionales rara vez enfrentan consecuencias del otro lado del río.
Aquí, en cambio, se nos exige espectáculo: capturas con dron, operativos mediáticos, extradiciones relámpago. A cambio, una palmada en la espalda, una amenaza disfrazada de recomendación diplomática, y si hay suerte, una donación tecnológica presentada como dádiva. El guion se repite con tediosa precisión. Ellos deciden a quién demonizar y a quién tenderle la mano. A los Isunza, sin pruebas concluyentes, los rotulan como “narcoterroristas”, equiparando nuestra realidad con la de países arrasados por el extremismo armado. A los Guzmán, en cambio, se les abre la puerta de la negociación. Como si el apellido tuviera valor notarial, como si una relación fluida con Langley sirviera para borrar expedientes. ¿Será que la sangre del Chapo redime si los vínculos adecuados están en orden?
Más inquietante aún es ver a la oposición mexicana -la que enarbola la bandera de la soberanía con un fervor tan intermitente- celebrar estas decisiones extranjeras. Esos mismos que acusan al presidente de entreguismo, no dudan en aplaudir cuando Washington lanza su dedo acusador. Basta una visa cancelada o una sanción para que los presuntos guardianes del nacionalismo se postren con entusiasmo, convertidos en portavoces no oficiales del Departamento de Estado. La hipocresía, en estos casos, no solo huele mal: se vuelve estrategia.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste, con razón, en que México no es juguete de nadie, la realidad se encarga de llevar la contraria. La política de seguridad nacional se sigue escribiendo en inglés. Ellos eligen a quién señalar y cuándo actuar. Nosotros ponemos los muertos, los desaparecidos, la fractura social. Y aún así, agradecemos las sobras de la mesa con una gratitud aprendida a fuerza de dependencia.
Sí, es urgente combatir al crimen organizado. Pero esa lucha debe librarse con dignidad. No como peones sacrificables en una guerra diseñada en otra capital, ni bajo términos que nos condenan a pagar un precio desproporcionado. Al norte, no hay pueblos desplazados ni juventudes exterminadas. Allá, el narcotráfico es una crisis de salud pública. Aquí, es el pretexto perfecto para militarizar, para restringir libertades, para renunciar a la democracia en nombre del orden.
Si la preocupación estadounidense fuera auténtica, las acciones hablarían por sí solas: prevención, control del consumo interno, freno al tráfico de armas, combate real al lavado de dinero en sus bancos. Pero no. Prefieren dosificar el problema. Administrarlo. Convertirlo en una herramienta más de su influencia regional. La guerra contra el narco no es un combate. Es un modelo de gestión.
Y luego se preguntan por qué la desconfianza no se disipa. Por qué, frente a cada gesto “amistoso”, el escepticismo brota como una forma de defensa. Como una necesidad básica de sobrevivencia nacional.
La relación con Estados Unidos dista mucho de ser una alianza equitativa; se asemeja más a un contrato condicionado, donde México asume la parte más dolorosa: obedecer y pagar el costo humano de una guerra que no diseñamos, mientras el vecino del norte reparte etiquetas, designa culpables y gestiona sus propias crisis sin asumir responsabilidad alguna. No hay corresponsabilidad, solo subordinación. No hay una estrategia común construida sobre el respeto mutuo, solo exigencias unilaterales disfrazadas de “interés compartido”. Y mientras no alcemos la voz con firmeza, mientras no nos atrevamos a establecer límites claros y a dejar de actuar como el patio trasero obediente, la desconfianza no solo será inevitable, sino que se erigirá como una forma elemental de dignidad nacional.
Coda. La relación con Estados Unidos no es una alianza. Es un contrato con letra pequeña. México, por desgracia, sigue firmando sin leer y sus políticos, oficialistas y opositores, son analfabetas oportunistas que sólo saben sacar raja.
@aldan
