La elección judicial del 1º de junio ha despertado un interés inédito entre la ciudadanía: más de 317 mil personas solicitaron acreditarse como observadoras electorales, en un proceso que multiplica por nueve las cifras de participación vistas en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, este entusiasmo cívico también reveló un intento por parte de diversos actores partidistas de posicionarse como testigos de la jornada, lo cual está expresamente prohibido por la normativa electoral vigente.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha rechazado 38,175 solicitudes de observación por incumplir los requisitos establecidos en la ley. De estas, el 55% (20,932 casos) corresponde a personas vinculadas a Morena, mientras que el resto se reparte entre otros partidos como el PRI (5,336), PVEM (2,526), PT (1,280), Movimiento Ciudadano (1,270), PAN (1,257) y partidos locales (5,574). En conjunto, Morena y sus aliados suman 24,738 solicitudes rechazadas.
¿Por qué tantos rechazos? El INE realiza cruces entre los padrones de militancia, registros de candidaturas, bases de datos de representantes partidistas y listas de servidores públicos, particularmente aquellos relacionados con programas sociales. Estas bases permiten detectar a quienes, por su afiliación o función, no pueden participar como observadores por el riesgo de parcialidad o conflicto de interés.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió la imparcialidad del proceso y aseguró que el INE “garantiza con certeza” que ningún militante partidista será acreditado como observador. “Ni un solo militante, ni una sola persona que sea servidor de la nación o servidores públicos que estén frente a los programas sociales participarán como observadores”, afirmó.
Aunque las cifras absolutas de solicitudes rechazadas puedan parecer alarmantes, el INE ha subrayado que estos casos representan menos del 1% del padrón de cada partido. Por ejemplo, Morena tiene un padrón de más de dos millones de afiliados, por lo que los más de 20 mil rechazos equivalen a apenas el 0.9% de su militancia. Este mismo criterio se aplicó a los demás partidos, ninguno de los cuales supera ese umbral.
Taddei también descartó que vayan a imponerse sanciones a los partidos por intentar colarse en el proceso. Según la funcionaria, no se ha documentado una estrategia sistemática por parte de las fuerzas políticas para intervenir en la elección judicial, por lo que no se ha iniciado ninguna acción formal. “Sería grotesco afirmar que esto es una trampa sin tener las pruebas. El INE actúa con documentación y expedientes”, declaró.
El reto para el Instituto ahora no es menor: procesar las 143 mil solicitudes restantes, muchas de las cuales podrían ser legítimas o caer en alguno de los siete supuestos de exclusión establecidos en la ley. A la fecha, 104 mil personas ya han sido acreditadas, quienes podrán acompañar el proceso electoral en casillas, centros de cómputo y mecanismos de recolección, por su cuenta y sin recursos públicos.
En un país donde la vigilancia ciudadana de las elecciones ha sido históricamente limitada, este interés masivo por observar la elección judicial podría parecer una buena noticia. Pero también ha evidenciado un nuevo campo de disputa entre el entusiasmo cívico y las estrategias partidistas para incidir, incluso desde fuera del tablero electoral formal. Un fenómeno que, de seguir creciendo, requerirá más que filtros técnicos: demandará un nuevo pacto de integridad democrática.
