Se han destruido más de 900 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha logrado la detención de 21 mil 411 personas vinculadas con delitos de alto impacto, como parte de la estrategia nacional de seguridad pública.
Durante la conferencia de prensa, García Harfuch destacó que estos resultados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 18 de mayo de 2025, en el cual las autoridades federales han intensificado los operativos coordinados contra el crimen organizado en diversas regiones del país.
Entre los logros más relevantes, subrayó el aseguramiento de más de 157 toneladas de drogas, incluyendo aproximadamente una tonelada y media de fentanilo —una de las sustancias más letales y lucrativas para los cárteles— y más de 2 millones 300 mil pastillas de esta misma droga sintética. También se decomisaron más de 11 mil armas de fuego, utilizadas por grupos delictivos para actividades como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Uno de los golpes más duros al narcotráfico, según explicó el secretario, ha sido la destrucción de más de 915 laboratorios clandestinos y áreas de concentración dedicadas a la elaboración de metanfetaminas. Estas acciones fueron ejecutadas principalmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de las labores de interdicción y combate a la producción de drogas sintéticas.
“Este número de laboratorios destruidos no tiene precedentes en la historia reciente del país. Representa una afectación económica de miles de millones de pesos para las organizaciones criminales, quienes pierden así infraestructura clave para la elaboración y distribución de drogas”, subrayó García Harfuch.
El funcionario reiteró que estos resultados son producto de una política de seguridad basada en la inteligencia operativa, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para enfrentar de manera frontal a los grupos delictivos.
