Un tribunal federal en Guerrero confirmó este mayo las condenas impuestas en 2022 contra seis integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos por delitos que van desde el secuestro hasta la profanación de cadáveres. Las sentencias, que alcanzan hasta los 119 años de prisión, fueron ratificadas tras una reposición procesal solicitada por los propios acusados, lo que implicó repetir trámites judiciales y revalorar pruebas.
El caso involucra a Ramón Severiano Martínez (“El Ramón”), Cirilo Renato Ocampo Díaz (“El Greñas”), Miguel Ángel Galindo Balderas (“El Pelón”), Víctor Jesús Rodríguez García (“El Orejas”), Hugo Galindo González (“El Wini”) y David Brito Lara (“El David”). Todos ellos operaron entre octubre de 2013 y febrero de 2017 en Guerrero, periodo en el que Guerreros Unidos consolidó su dominio en la región, coincidiendo con el año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las penas dictadas, que incluyen sanciones económicas por más de 2.8 millones de pesos en total, responden a delitos como delincuencia organizada (en su modalidad de secuestro), privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y delitos contra el respeto a los muertos, como inhumaciones y exhumaciones irregulares. En el caso más grave, “El Ramón” fue sentenciado a 119 años y tres meses de prisión. Otros, como “El Greñas” y “El Pelón”, recibieron condenas de 94 años, mientras que las penas más “cortas” rondan los 25 años.
Pese a la contundencia de las sentencias, la Fiscalía General de la República (FGR) no esclareció si estos seis individuos están directamente implicados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa. La coincidencia temporal entre su actividad criminal y la tragedia es innegable, pero las autoridades evitaron establecer una relación directa en esta resolución judicial. La única conexión reiterada por los medios es la identificación del cártel como la organización presuntamente responsable de aquel crimen, sin detallar si los ahora sentenciados participaron en su ejecución.
La omisión no es menor. El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los expedientes más sensibles para la sociedad mexicana, y la falta de claridad sobre quiénes fueron exactamente los perpetradores ha minado la confianza pública en el aparato de justicia. La estrategia de sancionar a piezas del engranaje criminal sin esclarecer su papel en crímenes de alto perfil recuerda más a una partida de ajedrez mal jugada que a una estrategia integral de justicia.
El fallo también ilustra cómo, más de una década después de los crímenes, el Estado sigue atrapado entre procesos judiciales laberínticos y el peso de su propia opacidad. En lugar de cerrar heridas, estas sentencias generan nuevas interrogantes: ¿por qué no se precisa el vínculo con los 43 desaparecidos? ¿Por qué, si se tienen pruebas suficientes para condenar por secuestro y profanación de cuerpos, no se puede confirmar su papel en el caso Ayotzinapa?
El Estado mexicano parece ofrecer justicia a cuenta gotas, repartida en condenas fragmentadas que, si bien castigan delitos, dejan sin resolver la verdad completa. Una justicia parcial no es justicia plena. Y en un país donde la memoria pesa más que la noticia del día, cada omisión institucional se vuelve un recordatorio incómodo de lo que todavía falta por responder.
