Teresa Alonso, exseleccionada nacional de natación artística y hoy activista contra la violencia en el deporte, ha encendido los reflectores sobre una problemática que sigue sin encontrar respuesta institucional: el abuso físico, psicológico y sexual hacia atletas. Esta vez, el foco está en Rommel Pacheco, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien Alonso acusa de evasión, superficialidad y falta de compromiso.
La denuncia no se queda en lo simbólico: Pacheco dejó plantada a Alonso en una reunión agendada para el 19 de mayo en las oficinas de la Conade, donde ella planeaba presentar una serie de propuestas diseñadas desde la experiencia de quienes han vivido abusos dentro del sistema deportivo mexicano. No era la primera vez. Un encuentro anterior, fechado el 14 de marzo, también fue ignorado por el funcionario.
Desde redes sociales, Alonso no ha escatimado en críticas. “Hoy pareces más influencer que servidor público”, reclamó en un video grabado frente a las oficinas de la institución. Además, lo responsabilizó indirectamente por la falta de acciones concretas frente a casos recientes de violencia de género en el deporte, como los ocurridos en Monterrey y el Estado de México, donde atletas jóvenes fueron víctimas de agresiones sexuales.
Su activismo no es aislado. Teresa Alonso lidera el movimiento Ni un Atleta Más y ha denunciado formalmente ante el Conapred a Adriana Loftus, entrenadora de natación artística, por hostigamiento relacionado con su composición corporal. La denuncia es una de muchas que evidencian la existencia de un sistema estructural que protege más a los agresores que a las víctimas, especialmente cuando los entrenadores no están sujetos a los mismos mecanismos de control administrativo que los funcionarios públicos, al ser considerados “becarios” dentro del marco de la Conade.
El problema radica, como señala Alonso, en la falta de un protocolo eficaz. El actual, vigente desde 2020, se enfoca únicamente en casos en que la persona acusada forma parte del servicio público, lo cual excluye a entrenadores, nutriólogos y personal técnico externo, quienes tienen un contacto directo y prolongado con los atletas. La cobertura del protocolo es, en palabras de Alonso, “de chocolate”.
La omisión institucional se vuelve más grave si se contrasta con la reciente propuesta presentada por la senadora Virginia Magaña, del Partido Verde, para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte. Su iniciativa busca precisamente atender la violencia de género en el ámbito deportivo, algo que hasta ahora no había llegado al Senado en forma de proyecto de decreto. La propuesta parlamentaria es un primer paso, pero, como señala el reportaje “Entrenadores deportivos: el abuso tiene permiso” de Proceso, se requiere mucho más que legislación: se necesitan mecanismos de ejecución y voluntad política.
Rommel Pacheco, otrora símbolo del deporte mexicano, hoy representa para muchas voces críticas un vacío de gestión. Su papel como servidor público ha sido cuestionado no solo por su inasistencia, sino por una aparente tendencia a priorizar su imagen digital sobre la rendición de cuentas. En este contexto, la pregunta no es qué influencer viraliza la causa, sino qué institución protege a los atletas más allá del discurso.
