Aprobado por un estrecho margen de 215 a 214 votos, el megaproyecto fiscal promovido por Donald Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca redibujar el panorama económico y migratorio del país. Entre sus medidas más controvertidas se encuentra el establecimiento de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas fuera del país, una acción que ya provocó reacciones diplomáticas y genera preocupación entre especialistas económicos por sus efectos sociales y estructurales.
El gravamen fue reducido de la propuesta original del 5% a un 3.5% en el último minuto, como parte de una negociación tensa dentro del Partido Republicano. A cambio, se endurecieron aún más los recortes a programas sociales como Medicaid, las ayudas alimentarias y los incentivos a la energía limpia. La medida avanza ahora al Senado, con la intención del oficialismo de convertirla en ley antes del 4 de julio, fecha clave en el calendario simbólico estadounidense.
Aunque el impuesto está pensado para aplicarse a residentes extranjeros que envían dinero a sus países de origen —en su mayoría latinoamericanos, particularmente mexicanos—, los expertos sostienen que el efecto en los flujos de remesas hacia México será limitado. Joan Domene, economista senior de Oxford Economics, estima que no habrá una caída proporcional a la tasa gravada, ya que los emisores podrían migrar hacia canales no regulados. Carlos Serrano, de BBVA México, considera que los trabajadores absorberán el costo con tal de mantener el mismo nivel de apoyo a sus familias. Pamela Díaz, de BNP Paribas, añade que la integración y resiliencia laboral de la población mexicana en EE.UU. dificultará un impacto drástico.
Sin embargo, el tema ha escalado a nivel político. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, calificó la medida como “discriminatoria” e “injusta”, señalando que penaliza a quienes sostienen parte fundamental de la economía mexicana. En paralelo, el embajador Esteban Moctezuma criticó los ajustes hechos a última hora, que si bien suavizan el impuesto a las remesas, profundizan los recortes sociales en sectores clave como salud y medio ambiente.
Además del nuevo gravamen, el proyecto retoma varias de las promesas populistas de Trump: extensión de sus exenciones fiscales de 2017, eliminación de beneficios fiscales a energías limpias impulsados por Biden, subsidios para autos fabricados en EE.UU. y recursos para endurecer la política migratoria, incluyendo la posible deportación de hasta un millón de personas al año. Todo ello con un costo proyectado de entre 2.4 y 3.8 billones de dólares añadidos a la ya abultada deuda nacional, que ronda los 36 billones.
Mientras los conservadores celebran una aparente victoria ideológica, los efectos estructurales del megaplan —en especial sobre comunidades migrantes y el equilibrio fiscal a largo plazo— siguen siendo terreno de alerta. A falta de que el Senado confirme la medida antes del 30 de septiembre, la Casa Blanca ya prepara la pluma para una firma que podría transformar la relación entre migración, economía y política exterior.
