El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz —colaboradores cercanos de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México— ha escalado de un crimen atroz a un escándalo institucional. Más allá del horror por la ejecución a plena luz del día, la atención se ha desviado hacia el papel de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acusados de manipular la escena del crimen.
La mañana del 20 de mayo, Guzmán y Muñoz fueron atacados en Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez. Un sujeto vestido de blanco abrió fuego contra ellos: ella, al volante de un automóvil, recibió ocho impactos de bala; él, que apenas intentaba ingresar al vehículo, cayó tras recibir cuatro disparos. La agresión fue captada por cámaras de seguridad y, según los reportes, al menos cuatro personas habrían participado en la logística del ataque, incluyendo el escape en motocicleta hacia el Estado de México.
Hasta ahí, un caso más de violencia dirigida en un país acostumbrado a contar balas. Pero lo que lo hace distinto es la sospecha de encubrimiento desde dentro de la misma corporación encargada de garantizar justicia.
Diversos periodistas y usuarios en redes sociales difundieron fotografías y videos que evidenciarían la manipulación de la escena del crimen por parte de dos mandos: la jefa del Sector Nativitas y su encargada de patrullas, identificadas en los informes como responsables de mover pertenencias del atacante —entre ellas, un casco y un chaleco reflejante— que quedaron en el lugar tras el ataque. La SSC no ha confirmado ninguna detención, pero sí reconoció haber abierto una investigación administrativa para deslindar responsabilidades.
En respuesta a la presión pública, la SSC emitió un comunicado donde afirma que todos los indicios han sido entregados a la Fiscalía capitalina con cadena de custodia intacta. No obstante, reconoció que, ante denuncias internas por posibles violaciones al protocolo, se abrió una indagatoria a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos. También se anunció un “ajuste en el cuadro de mandos” como parte de un proceso para reforzar la seguridad y apegarse a la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, impulsada por la propia Brugada.
Pero las contradicciones persisten. Mientras la SSC sostiene la entrega ordenada de evidencias, las imágenes difundidas revelan una actuación que podría comprometer la integridad del proceso. No se trata únicamente de un error de procedimiento: la presunta alteración de pruebas en un caso de alto perfil político, a escasos días de las elecciones y en el contexto de una creciente ola de violencia, deja entrever grietas más profundas en las instituciones de seguridad capitalina.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también ha entrado en escena. La titular, Bertha Alcalde Luján, informó que las líneas de investigación se centran tanto en el entorno personal como en el laboral de las víctimas. Según el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, no se ha detectado un seguimiento prolongado a Guzmán y Muñoz, pero sí indicios de vigilancia previa, lo que apunta a una planificación con cierto grado de inteligencia, aunque sin vínculos confirmados con el crimen organizado.
A la fecha, no hay personas detenidas y las causas del doble homicidio siguen sin esclarecerse. Tampoco se tiene certeza de si el atacante actuó en solitario o en coordinación con otros sujetos. En una ciudad que se precia de estar blindada electoralmente y bajo control de la seguridad pública, este caso exhibe que el problema no solo viene de fuera. A veces, la fuga de justicia comienza desde el uniforme.
