En un giro clave del caso García Luna, el gobierno mexicano logró un acuerdo reparatorio con Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, empresarios acusados de actuar como prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El pacto, sellado en Miami ante la jueza Lisa Walsh, prevé la desestimación del juicio civil en su contra a cambio de la restitución de hasta 600 millones de dólares al erario mexicano, además de su incorporación como testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los Weinberg formaban parte del entramado financiero que permitió el desvío y lavado de recursos públicos a través de empresas como Nunvav, Inc., Gull Holding Enterprises y otras asociadas, beneficiadas por contratos gubernamentales otorgados durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2021, la UIF había promovido una demanda en tribunales de Florida exigiendo inicialmente 250 millones de dólares por daños, pero con nuevas pruebas y omisiones de defensa por parte de los acusados, la cifra impuesta por el tribunal ascendió a casi 2 mil 500 millones de dólares en sanciones para García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
En el caso de los Weinberg, el acuerdo confidencial con el gobierno de México implica la retirada voluntaria de la demanda, sin perjuicio, lo cual habilita al Estado mexicano a reactivar el proceso judicial si los términos del pacto no se cumplen en un plazo de 30 días. Sin embargo, la jueza Walsh conservará jurisdicción sobre el caso para asegurar el cumplimiento del acuerdo, un detalle que marca la diferencia con los retiros tradicionales de demandas civiles en EE.UU.
Como parte del criterio de oportunidad otorgado por la FGR, los Weinberg también se comprometieron a aportar información relevante sobre el esquema de corrupción que operó durante y después del mandato de García Luna. En esta misma línea, Natan Wancier Taub, presidente de Nunvav y socio de los Weinberg, fue convocado a comparecer ante las autoridades mexicanas para fortalecer la línea de investigación.
Aunque el acuerdo aún no ha sido ratificado en audiencia pública, su ejecución podría representar uno de los logros más relevantes de la UIF en su estrategia transnacional de recuperación de activos vinculados con corrupción. De concretarse el pago, sería uno de los mayores montos devueltos por particulares al Estado mexicano como reparación de daños.
Más allá del caso judicial, el arreglo con los Weinberg deja entrever la utilidad del modelo de colaboración procesal bajo la figura del “criterio de oportunidad” para obtener información clave en casos de corrupción estructural. El gobierno de México no sólo capitaliza una vía alterna para recuperar parte de los recursos desviados, sino que fortalece las bases para procesos penales más robustos contra los principales actores de esta red.
En suma, el acuerdo con los Weinberg es tanto una maniobra legal como política: desactiva momentáneamente un proceso litigioso costoso y complejo en EE.UU., mientras coloca a exsocios de García Luna como piezas clave para desmontar una de las tramas de corrupción más emblemáticas del sexenio calderonista. Si cumplirán o no con lo pactado, quedará bajo la vigilancia de una jueza de Miami… y de una opinión pública mexicana cada vez más atenta.
