A casi un año de su llegada a territorio estadounidense, la trayectoria judicial de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” y miembro prominente del Cártel de Sinaloa, parece ir despejando su camino hacia una resolución negociada. Este 27 de mayo, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos notificaron a la corte del Distrito Norte de Illinois que no buscarán la pena de muerte en su contra, una decisión que fortalece las conjeturas de que Guzmán López está colaborando con las autoridades estadounidenses o en proceso de hacerlo.
La decisión se inscribe en un contexto judicial cada vez más orientado al intercambio de información valiosa por indulgencias. Representado por el abogado Jeffrey Lichtman —el mismo que defendió a su padre en 2018—, Guzmán López ha evitado comparecer personalmente ante la jueza Sharon Johnson Coleman, mientras sus audiencias se posponen de forma reiterada. La próxima está programada para el 2 de junio, aunque los retrasos anteriores sugieren que podría no ser la definitiva.
La narrativa de su entrega se aleja del arresto tradicional. El 25 de julio de 2024, Guzmán López aterrizó en El Paso, Texas, a bordo de un avión privado junto a Ismael “El Mayo” Zambada. Aunque las autoridades mexicanas se deslindaron de la operación, versiones posteriores revelaron que la ruta del vuelo fue alterada para realizar una captura sin confrontación directa. El entonces embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, incluso afirmó que Guzmán López se entregó voluntariamente, mientras que Zambada fue detenido en contra de su voluntad. De confirmarse esta versión, la acción marcaría una traición de alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa.
A esta supuesta cooperación se suman otros indicios: los fiscales estadounidenses permitieron el ingreso de 17 familiares del acusado, según reveló El País, y se ha hablado de una “resolución global” que también abarcaría los cargos que enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York, la plaza central de los juicios contra narcos mexicanos. Aunque el Departamento de Justicia mantiene un silencio estratégico, los patrones del caso remiten al mismo esquema aplicado con su hermano Ovidio Guzmán López, cuya audiencia para declararse culpable está prevista para el 9 de julio.
La entrega y detención de ambos provocaron una escalada de violencia en Sinaloa, donde “Los Chapitos” —facción liderada por los hijos de El Chapo— han mantenido una guerra interna con la célula de Zambada. Apenas en mayo de 2025, el ejército mexicano abatió a Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El Perris”, presunto jefe de seguridad de los Guzmán y clave en el operativo que derivó en la entrega de “El Mayo”. La violencia no ha cesado, y los ajustes de cuentas entre facciones siguen tiñendo de sangre la región.
Más allá del caso individual, la postura del Gobierno de EE. UU. también despierta interrogantes políticos. El trato flexible con los Guzmán podría interpretarse como un giro respecto a la política de mano dura que promovió Donald Trump, quien en su actual mandato ha insistido en declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. En ese marco, el posible acuerdo con Joaquín Guzmán López abre grietas en el discurso oficial, mostrando que, a la hora de obtener inteligencia criminal, incluso los gobiernos más beligerantes saben negociar.
Aunque por ahora Guzmán López se mantiene en custodia bajo condiciones poco claras —fue trasladado de prisión en octubre de 2024 por “malas condiciones” en su celda, según su abogado—, todo indica que su rol está cambiando de líder criminal a colaborador judicial. Si el patrón se repite como con Ovidio, no sería la primera vez que Estados Unidos cambia una sentencia por un testimonio. Lo que sí sería nuevo es que uno de los herederos de El Chapo, protagonista del narco del siglo XXI, termine siendo pieza clave del gobierno que lo persiguió.
