Piensa esto: un día despiertas, entras a redes y ya no encuentras ciertos videos, ciertas cuentas han desaparecido y los medios solo repiten lo mismo. Nadie sabe por qué. Nadie lo explica. Y nadie lo puede decir en voz alta.
Aunque suene a distopía, México se está acercando peligrosamente a ese escenario. En los últimos meses, se han impulsado reformas y leyes que ponen en riesgo tu derecho a expresarte, a informarte y a decidir por ti mismo qué creer.
¿Una “ley mordaza” digital?: la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones
En abril de 2025, el Senado mexicano decidió aplazar la discusión de una polémica reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según organizaciones como Artículo 19 y R3D, la reforma planteaba graves riesgos para los derechos digitales, al permitir al gobierno bloquear plataformas sin orden judicial, retirar concesiones de medios por motivos ambiguos, recolectar masivamente datos personales como en el fallido PANAUT, excluir a comunidades indígenas del acceso justo al espectro radioeléctrico y dar margen para interrumpir el acceso a internet en contextos de supuesta emergencia.
Aunque la presidenta negó categóricamente que sea una ley de censura, afirmó que todo el escándalo se debía a “un solo artículo” que podría ser modificado, pero críticos señalaron que el problema era estructural: no se trata de una línea mal redactada, sino de una reforma que concentra el control de las telecomunicaciones en manos del poder ejecutivo, sin contrapesos efectivos.
Decir la verdad en México puede costarte la vida
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No es exageración.
De acuerdo con el informe anual “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, de ARTICLE 19, durante 2024, se registraron 639 agresiones contra periodistas, lo que representa un incremento del 13.9% respecto al año anterior. Esto equivale a una agresión cada 14 horas.
Además, cinco periodistas fueron asesinados, entre ellos Mauricio Cruz Solís, el primero bajo la administración de Sheinbaum. Asimismo, incrementó el acoso judicial como mecanismo de censura: se documentaron 21 procesos legales contra periodistas por su trabajo, y uno de cada cinco ataques fue cometido en línea.
El Estado mexicano figura como el principal agresor, con 287 casos registrados, lo que representa casi el 45% del total. A ello, súmale que las conferencias matutinas, con secciones como “El detector de mentiras”, siguen siendo utilizadas para estigmatizar a la prensa, reforzando una narrativa de enemistad entre el gobierno y los medios. Ser periodista en México no es solo una profesión. Es un acto de valentía.
Leyes ambiguas que pueden castigar la opinión
En Michoacán, hace apenas unos días el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal, la llamada “apología del delito” —es decir, hablar de ciertos temas que podrían interpretarse como defender o justificar actos ilegales. Lo que podría criminalizar el ejercicio periodístico.
Y es que el problema es que no se define con claridad qué significa eso. ¿Hablar sobre cómo opera el narco? ¿Contar historias sobre personas que viven en zonas violentas? ¿Publicar un artículo o hacer un reportaje sobre el crimen? Todo eso podría ser castigado si las autoridades lo interpretan como “apología”.
Ese tipo de leyes no solo silencian a periodistas, también pueden usarse contra creadores de contenido, activistas y hasta usuarios comunes que opinen sobre la realidad.
Cada vez menos transparencia
Otra señal preocupante es la desaparición del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia. Este organismo se encargaba de proteger tus datos personales y permitir que cualquier ciudadano pudiera saber en qué se gasta el dinero público, cómo se toman decisiones o qué contratos firma el gobierno. Ahora ya no existe.
Sin este tipo de organismos, la corrupción tiene más espacio para crecer. Ya nadie está obligado a responder si se les pregunta cuántos contratos dieron a tal empresa, o cuánto gastaron en publicidad o en campañas políticas.
Vigilancia y digitalización sin garantías
En el contexto de la supuesta “transformación digital” del gobierno, ARTICLE 19 documentó un uso preocupante de tecnologías de vigilancia por parte de instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Incluyendo compras sin licitación de software intrusivo y recolección de datos biométricos sin consentimiento informado para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas, opositores y hasta abogados.
Esta tendencia amenaza con convertir al aparato estatal en un observador constante y sin supervisión de la vida digital de las personas, violando derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos.
Todas estas señales —la censura disfrazada, el hostigamiento a periodistas, la desaparición de instituciones que protegen tus derechos, el aumento de vigilancia— van construyendo un ambiente en el que la autocensura se vuelve la norma.
La gente ya no se atreve a decir lo que piensa. Los medios se limitan a repetir lo que es seguro. Y muchos usuarios evitan compartir opiniones por miedo a represalias. Ese es el verdadero peligro: que el silencio se vuelva costumbre.
La libertad no se pierde de un día para otro, se va desdibujando en pequeñas decisiones, leyes ambiguas y silencios cómodos.
