Francia cerró uno de los capítulos más oscuros en su historia judicial con la sentencia de 20 años de prisión impuesta al excirujano Joël Le Scouarnec, declarado culpable de violación y agresión sexual contra 299 pacientes, la mayoría de ellos menores de edad. Lejos de tratarse de un caso aislado, este proceso judicial expuso la fragilidad institucional de los hospitales franceses y dejó en evidencia las grietas del sistema sanitario y judicial para prevenir abusos sistemáticos.
El juicio, que se extendió durante tres meses en el Tribunal de lo Criminal de Vannes, no solo confirmó la culpabilidad del exmédico, sino que sirvió de espejo incómodo para una sociedad que, según denunciaron las víctimas, ha preferido mirar hacia otro lado. La presidenta del tribunal, Aude Buresi, justificó la pena máxima legal por el comportamiento “depredador” y “obsesivo” del acusado, quien durante décadas encubrió sus agresiones disfrazándolas de actos médicos, aprovechando la sedación postoperatoria de los pacientes. A pesar de su edad avanzada, el tribunal consideró que sigue representando un riesgo si entra en contacto con menores.
El caso emergió en 2017, cuando la denuncia de una niña de seis años expuso la conducta delictiva del cirujano. La investigación reveló entonces una red de abusos iniciada en 1989 y sostenida hasta 2014, en distintos hospitales de Bretaña. En los registros domiciliarios, la policía halló más de 300 mil imágenes de abuso sexual infantil, muñecas sexuales y una serie de cuadernos donde Le Scouarnec documentaba explícitamente sus actos.
Los testimonios durante el juicio revelaron una devastación emocional profunda. Las víctimas—con edades promedio de 11 años en el momento de los abusos—relataron secuelas como depresión, trastornos alimentarios, adicciones y tendencias suicidas. Dos de ellas murieron tras conocer que estaban entre los nombres mencionados en los diarios del excirujano.
El acusado se declaró culpable de todos los delitos imputados y reconoció haber abusado de su propia nieta. Sin embargo, muchas víctimas pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento, describiendo sus declaraciones como mecánicas y carentes de empatía. “Nunca vi lágrimas en su rostro”, declaró Manon Lemoine a la BBC. Algunos abogados de las víctimas calificaron su actitud como la de alguien más preocupado por su imagen que por el daño causado.
Pero más allá del horror individual, el caso ha abierto una grieta estructural en la confianza hacia las instituciones médicas y jurídicas. Una condena por posesión de pornografía infantil en 2005 no impidió que Le Scouarnec fuera recontratado en hospitales y siguiera teniendo acceso a menores. Ningún sistema de alerta institucional se activó. Los responsables hospitalarios, interrogados durante el proceso, eludieron cualquier responsabilidad, atribuyéndola a “lagunas administrativas”.
La omisión institucional ha sido uno de los puntos más críticos del juicio. El fiscal Stéphane Kellenberger cuestionó duramente la pasividad de las autoridades médicas: “¿Debería Joël Le Scouarnec haber sido el único en el banquillo de los acusados?”. Esta sensación de impunidad ha llevado al Ministerio Público a abrir una investigación paralela por omisión voluntaria de impedir delitos contra menores.
Además, el proceso dejó fuera al menos 57 víctimas adicionales cuyas identidades no fueron plenamente confirmadas, lo que podría dar lugar a un tercer juicio en los próximos años. La Fiscalía de Lorient ya ha anunciado la apertura de nuevas pesquisas preliminares.
El contexto del juicio fue aún más impactante al coincidir con el caso de Gisèle Pelicot—donde su esposo la drogó para permitir su violación por decenas de hombres—y con las indagatorias sobre abusos en escuelas católicas. Estos casos han impulsado un debate nacional sobre la violencia sexual sistemática, pero los colectivos de víctimas acusan una falta de acción política proporcional a la magnitud de los crímenes.
“No queremos que este juicio quede como nota al pie de página”, afirmaron familiares de víctimas durante una protesta frente al tribunal. “Lo presentan como un monstruo individual, pero es la sociedad la que lo permitió.”
Le Scouarnec, que ya cumple una condena de 15 años por un juicio previo en 2020, escuchó su nueva sentencia sin emoción aparente. Según declaró en sala: “Ya no puedo verme igual. Soy un pedófilo y un violador de niños”. Pero para muchas víctimas, la falta de justicia restaurativa, el escaso impacto institucional y la corta duración de su sentencia —pese a la gravedad de los crímenes— siguen siendo una herida abierta en el sistema francés.
En una sociedad donde el abuso infantil ha sido durante años un tabú, el caso Le Scouarnec podría ser un parteaguas. Pero aún está por verse si la indignación se traducirá en reformas o si se archivará como otro escándalo más en la larga lista de omisiones.
