Cinco músicos desaparecidos. Cinco cuerpos encontrados. Nueve presuntos responsables detenidos. Pero lo que parece una ecuación cerrada deja muchas incógnitas abiertas. El caso de los integrantes del Grupo Fugitivo, una banda local de música regional mexicana, asesinados tras acudir a una presentación privada en Reynosa, es un espejo doloroso del colapso institucional que atraviesa Tamaulipas: una tragedia local con ecos nacionales.
El domingo 25 de mayo por la noche, los cinco músicos fueron reportados como desaparecidos tras tocar en un evento en la colonia Riveras de Rancho Grande. Cámaras de seguridad los captaron por última vez cruzando el puente internacional Reynosa-Hidalgo, y poco después, dejaron de responder llamadas. La camioneta en que viajaban fue localizada días después sin aparentes signos de violencia, aunque aún falta por hallar el vehículo con sus instrumentos.
El hallazgo de cinco cuerpos en un paraje de la colonia Aquiles Serdán —confirmado oficialmente el 29 de mayo por la Fiscalía de Tamaulipas— cerró la incertidumbre pero abrió el duelo. Francisco Vázquez (vocalista), Víctor Garza (requinto), Antonio Durán (tuba), José Francisco Morales (requinto) y Livan Solís (mánager) fueron asesinados, presuntamente por integrantes de “Los Metros”, una célula del Cártel del Golfo. La detención de nueve personas no ha evitado la indignación de familiares, colegas músicos y sociedad civil.
Las autoridades estatales afirman que las investigaciones se apoyaron en análisis de telefonía y videovigilancia del C5, pero el relato oficial deja fisuras. Desde el principio, hubo omisiones graves: la Fiscalía no emitió fichas de búsqueda hasta el martes, y durante días negó información a los familiares. En contraste, el colectivo “Amor por los Desaparecidos” y los propios allegados del grupo hicieron circular alertas desde el primer momento. Los familiares también han rechazado las versiones que vinculan a los músicos con actividades criminales, una narrativa recurrente para justificar la violencia y desmovilizar la indignación pública.
La narrativa institucional también entró en zona de conflicto. Mientras el Fiscal Irving Barrios Mojica anunciaba avances en la investigación, los familiares denunciaban que no fueron informados previamente ni consultados sobre la identidad de los cuerpos. Este manejo desaseado no solo revictimiza: reaviva una desconfianza ya profunda en las instituciones encargadas de impartir justicia. Las protestas no tardaron, incluyendo bloqueos en el puente Reynosa-Hidalgo.
En medio del dolor, el Gobierno federal se pronunció. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad colabora con las autoridades locales y reiteró su compromiso con la “cero impunidad”. Sin embargo, esa promesa contrasta con los datos oficiales: Tamaulipas, aunque reporta una disminución histórica en homicidios dolosos, sigue siendo una entidad atravesada por redes delictivas y dinámicas de impunidad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad tuvo la menor tasa de homicidios en abril de 2025 desde que se tienen registros… pero esa cifra no consuela a nadie cuando los cuerpos aparecen calcinados y el duelo se acompaña de silencio institucional.
Lo ocurrido con el Grupo Fugitivo no es un caso aislado. Es una muestra más de cómo la violencia criminal permea todos los ámbitos —incluso el del entretenimiento local— y cómo las autoridades, lejos de prevenir, apenas alcanzan a reaccionar. La celeridad con que se detuvieron a los presuntos responsables contrasta con la parsimonia para activar los mecanismos de búsqueda y protección.
Este crimen, que apagó cinco voces jóvenes, resuena no solo por su brutalidad, sino por lo que revela: un sistema de justicia que aún está más dispuesto a controlar el discurso que a garantizar resultados. Y una sociedad que, frente al terror, sigue exigiendo respuestas, incluso cuando el Estado prefiere tocar en silencio.
