A tan solo días de la jornada electoral del 1 de junio, la detención de Karen Fernanda Pérez Herrera, candidata de Morena-PT-PVEM a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro, desató un torbellino político que expuso tanto las fragilidades del sistema judicial estatal como las estrategias narrativas del oficialismo para blindar su imagen ante el electorado.
La aprehensión, ocurrida el jueves 29 de mayo alrededor de las 16:00 horas en la colonia Lomas de San Juan, fue ejecutada por la Policía Ministerial e inscrita en el Registro Nacional de Detenciones. De acuerdo con versiones difundidas por medios locales y retomadas por El Universal y La Jornada, al momento del arresto Pérez portaba dinero en efectivo y listas de nombres que podrían configurar indicios de delito electoral. No obstante, ninguna autoridad estatal ha confirmado de manera oficial los cargos o el contenido de las pruebas. Y eso deja espacio para lo que Morena sabe hacer bien: ocupar el silencio institucional con discurso político.
En menos de dos horas, Pérez fue liberada. La dirigencia morenista —con Luisa María Alcalde al frente— no perdió tiempo en enmarcar el episodio como un “abuso de poder” y una “detención ilegal”, exigiendo en redes sociales la liberación inmediata y acusando a la Fiscalía de Durango de obstaculizar el proceso democrático. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de Organización de Morena, calificó el arresto como “arbitrario” y se sumó a la estrategia digital con una imagen en Instagram junto a la candidata.
En lugar de esperar a que las autoridades estatales aclararan los hechos, la maquinaria del partido se activó para capitalizar la narrativa del agravio. Carolina Rangel, secretaria general del CEN de Morena, acusó directamente al gobernador priista Esteban Villegas de manipular el proceso electoral y apeló al cliché de la “vieja política”, una fórmula que el partido en el poder ya ha institucionalizado como escudo discursivo.
La rapidez de la liberación —y la falta de elementos legales formales difundidos por la Fiscalía— podrían jugar a favor del partido en la narrativa pública. Pero también levantan una ceja crítica: ¿por qué no se transparentaron los detalles de la detención? ¿Hubo presión indebida para liberar a la candidata o simplemente no había pruebas?
Con este episodio, Morena no sólo protegió a su candidata, también reforzó su retórica de víctima institucional. Aunque Karen Pérez ya ha tenido cargos públicos —como diputada local entre 2018 y 2021— y su cercanía con las altas esferas del partido es conocida, la estrategia comunicacional optó por presentarla como una ciudadana violentada por un aparato de Estado “represor”.
En el fondo, la maniobra revela una preocupación real: el control del discurso en tiempos electorales es tan importante como los votos. La detención pudo haber sido un hecho de peso jurídico, pero fue convertida en un arma retórica más. Y como en todo proceso donde hay poder de por medio, los tiempos —incluso los más breves— siempre tienen consecuencias.
