La primera elección judicial en la historia del país —y una de las más grandes— arrancó este 1 de junio entre discursos de transparencia y democracia, pero sin los mecanismos básicos que garantizan certeza: sin PREP, sin conteo rápido y con una participación ciudadana reducida a repartir boletas, pintar pulgares y observar pasivamente una transmisión en vivo. Lo que debía marcar un hito institucional se despliega con una arquitectura improvisada y márgenes amplios de opacidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó transmisiones en directo desde los 300 consejos distritales del país, como muestra de su “compromiso con la máxima publicidad”. Pero la medida parece más un paliativo visual que una garantía real de control ciudadano. Las transmisiones son unilaterales, sin mecanismos para validar la legalidad del conteo, y con la vigilancia ciudadana acotada a la pasividad de una pantalla.
El proceso es técnicamente complejo: casi 2,700 cargos están en juego —desde ministras y ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito— y las boletas permiten votar por múltiples candidaturas. Las reglas para interpretar votos válidos y nulos no fueron legisladas por el Congreso, sino improvisadas por el propio INE, que se vio obligado a emitir lineamientos tras la reforma judicial de 2024. Una arquitectura legal débil que deja al cómputo sin sustento sólido.
La consejera Carla Humphrey fue explícita: las reformas impuestas dejaron al INE sin recursos ni facultades para implementar los mecanismos estándar de conteo. “Nos vimos obligados a establecer criterios propios para dar certeza”, admitió, evidenciando la fragilidad institucional que acompaña este ejercicio.
El INE afirma que 24 mil personas participan en el escrutinio, distribuidas en 1,500 grupos de trabajo y 12,000 puntos de cómputo. Sin embargo, no ha precisado cómo fueron seleccionadas, capacitadas o supervisadas estas personas, ni qué mecanismos existen para evitar errores o manipulaciones internas. En una elección inédita, el margen para el error —o para el dolo— es considerable.
El cómputo comenzó con los votos para la Suprema Corte y continuará hasta el 10 de junio. El 15 de junio se declarará la validez nacional. Hasta entonces, la ciudadanía deberá confiar en un sistema que desactivó sus propias salvaguardas, desechó los conteos rápidos y se apoya en la buena voluntad de sus operadores.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había advertido que no había presupuesto para implementar el PREP. Lo que no se dijo con claridad es que esa decisión deja sin resultados preliminares independientes ni auditorías externas. La única opción es esperar —y confiar— en que lo que se reporte desde los consejos distritales sea lo que realmente ocurrió en las urnas.
Aunque el INE insiste en que el proceso es confiable y transparente, la elección judicial se desarrolla en un terreno poco fértil para la confianza. Sin observadores ciudadanos en las mesas, sin verificación pública paralela, sin tecnología para la validación cruzada y sin reglas claras impuestas por el Congreso, este ejercicio inédito deja más dudas que certezas.
Y si el mensaje oficial es que “todo saldrá bien”, como repite la consejera Humphrey, la pregunta no es si saldrá bien… sino quién podrá comprobarlo.
