Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación de Puebla durante el sexenio de Mario Marín y excandidato priista a la gubernatura, fue condenado a seis años, un mes y quince días de prisión por violencia familiar contra la abogada y activista feminista Cecilia Monzón Pérez y su hijo. La sentencia, emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de San Andrés Cholula el 30 de mayo, responde a una denuncia iniciada en vida por Monzón antes de ser asesinada en 2022.
La resolución implica una condena firme sin posibilidad de beneficios legales como la conmutación de pena. El fallo, aunque para algunos pudiera parecer insuficiente, ha sido interpretado por la familia Monzón como un precedente judicial positivo, dentro del llamado “umbral de éxito” establecido por la jurisprudencia poblana, al rebasar los cinco años mínimos considerados como resultado aceptable por la parte acusadora.
Helena Monzón, hermana de la víctima y abogada del caso, señaló en redes sociales que esta sentencia constituye un paso significativo en una lucha legal que muchos consideraban perdida por el tiempo transcurrido desde el feminicidio. No obstante, manifestó su inconformidad con que el fallo no considerara el daño hacia su sobrino, hijo también de López Zavala, lo que abre la posibilidad de solicitar una revisión legal futura.
Además del proceso por violencia familiar, López Zavala enfrenta cargos por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el político habría planeado el asesinato para evadir responsabilidades legales derivadas de la denuncia por violencia familiar. Uno de los agresores materiales fue identificado como su sobrino, lo que refuerza la tesis de su presunta autoría intelectual.
La familia Monzón ha sido clara en su intención de buscar la pena máxima de 60 años por el feminicidio, lo que sumaría una posible condena acumulada de 66 años si se le encuentra culpable. En palabras de Helena Monzón, “ya tenemos a un sujeto condenado que será reincidente”, lo cual podría tener un impacto importante en la resolución del segundo proceso.
El caso ha cobrado relevancia nacional no solo por los antecedentes políticos del acusado, sino también por su simbolismo en la lucha contra la violencia de género. La aprobación de la llamada Ley Monzón en 2023 por el Congreso de Puebla —que establece la suspensión automática de la patria potestad a padres procesados por feminicidio o su tentativa— fue uno de los efectos políticos inmediatos del asesinato de la activista.
El proceso ha estado marcado por múltiples intentos de la defensa por trasladar el caso al Estado de México y por prolongar los tiempos judiciales, recursos que fueron desestimados por carecer de fundamento. Este patrón, según los colectivos que acompañan a la familia Monzón, forma parte de estrategias comunes de dilación en juicios por violencia de género en México.
Aunque el juicio por feminicidio aún no concluye, la condena por violencia familiar representa un hito legal para quienes buscan justicia en contextos donde la revictimización, el desgaste judicial y la impunidad suelen ser la norma. En este caso, el precedente no sólo se mide en años de condena, sino en el reconocimiento de una trayectoria de violencia sistemática que finalmente fue judicialmente documentada.
