La reciente elección judicial ha marcado un hito en la historia de México: por primera vez, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que esta transformación ha favorecido ampliamente al partido en el poder, Morena, consolidando su influencia en el máximo tribunal del país.
De los nueve ministros electos, al menos seis tienen vínculos directos con Morena o han sido designados previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este giro ha suscitado preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes en la nación.
Hugo Aguilar Ortiz (5.26% de los votos)
Abogado mixteco originario de Oaxaca, Aguilar ha dedicado parte de su carrera a temas indígenas y ocupó el cargo de Coordinador General de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su candidatura ha sido presentada como la de “el primer ministro indígena de la SCJN”, un hito simbólico en términos de representación. Sin embargo, varias organizaciones y activistas indígenas han expresado escepticismo respecto a su verdadero compromiso con las comunidades originarias. Señalan que, más que un defensor de sus derechos, Aguilar fue intermediario del gobierno federal para “convencer” a las comunidades de aceptar megaproyectos como el Tren Maya, sin brindarles información completa sobre los impactos ambientales y sociales. Su papel ha sido descrito más como operativo que como representativo, y su cercanía con el movimiento indígena auténtico ha sido puesta en duda. Aunque su narrativa gira en torno a la identidad originaria, hay quienes afirman que su trayectoria no refleja un enfoque profundo ni crítico en defensa de los pueblos a los que dice representar.
Lenia Batres Guadarrama (4.97%)
Ministra en funciones desde 2023, su nombramiento previo a las elecciones fue ampliamente cuestionado por haber sido impulsado desde el Poder Ejecutivo y atribuido al influyentismo, dada su relación directa con Martí Batres, actual director del ISSSTE y figura prominente de Morena. Su ingreso a la SCJN se dio sin una trayectoria sólida en la judicatura ni experiencia jurisdiccional, lo que generó críticas desde diversos sectores jurídicos. Pronto, estas advertencias se confirmaron: en sus primeras intervenciones como ministra quedó en evidencia un desconocimiento básico sobre el funcionamiento interno de la Corte y los procesos constitucionales. Ha sido duramente señalada por sus ausencias reiteradas a las sesiones del Pleno y por sus posturas vagas o mal fundamentadas en los pocos asuntos en los que ha participado. A pesar de estas deficiencias, mantiene una narrativa de “ministra del pueblo”, en línea con el discurso del oficialismo, aunque su actuación práctica dista mucho de la exigencia técnica y jurídica que el cargo demanda.
Yasmín Esquivel Mossa (4.49%)
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2019, Esquivel ha sido una figura controvertida debido a las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura, presentada en 1987, la cual presenta un alto grado de similitud con otra defendida un año antes por otro estudiante. A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó que su tesis era una “copia sustancial”, la institución se declaró incompetente para invalidar su título profesional.
Esquivel ha negado las acusaciones y ha emprendido acciones legales para impedir que la UNAM publique el dictamen de su Comité Universitario de Ética sobre el caso. Un tribunal federal ordenó a la UNAM detener cualquier procedimiento que cuestione su título, lo que ha sido criticado por la universidad como una interferencia en su autonomía.
Recientemente, la Suprema Corte desechó por unanimidad las denuncias presentadas en su contra por el presunto plagio, argumentando que no existe un marco legal que permita sancionar administrativamente a los ministros por hechos ocurridos antes de su nombramiento.
A pesar de las controversias, Esquivel mantiene su postura de inocencia y ha expresado su intención de presidir la Suprema Corte, respaldada por el partido en el poder, Morena. Su caso ha generado un amplio debate sobre la ética en el ámbito académico y la independencia del Poder Judicial en México.
Loretta Ortiz Ahlf (4.25%)
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diciembre de 2021, Ortiz es una figura cercana a Morena y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la propuso para el cargo. Recientemente, ha sido objeto de investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) debido a denuncias de presunto tráfico de influencias y corrupción. Estas acusaciones involucran también a su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas, y se relacionan con un litigio financiero internacional que incluye al empresario Rafael Zaga Tawil, acusado de desviar 5 mil millones de pesos del Infonavit mediante mecanismos ilícitos.
Según informes, Ortiz habría manifestado su intención de votar a favor de Zaga Tawil en un litigio contra la firma financiera Actinver, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible conflicto de interés . En respuesta a estas acusaciones, la ministra ha calificado las denuncias como parte de una “guerra sucia” en su contra, atribuyéndolas a intereses que se oponen a la transformación del Poder Judicial y a su aspiración de continuar en la SCJN.
Ortiz ha defendido su trayectoria, afirmando que ha sido una persona honesta a lo largo de su carrera y que las actuaciones realizadas en su ponencia han sido exclusivamente de carácter procesal, sin emitir juicios de valor sobre el fondo de los litigios en cuestión.
María Estela Ríos González (3.99%)
Abogada laboralista con una trayectoria de más de cinco décadas, Ríos González ha sido una figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ocupó el cargo de consejera jurídica durante su administración en la Ciudad de México (2000-2005) y nuevamente en la Presidencia de la República entre 2021 y 2024.
Su nombramiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido objeto de críticas, señalando que su ascenso se debió más a su cercanía con el expresidente que a méritos propios. Durante el proceso electoral, su nombre apareció en las listas de votación, conocidas como “acordeones”, que fueron distribuidas presuntamente por grupos cercanos a Morena para orientar el voto hacia candidatos afines al partido.
A pesar de las controversias, Ríos González ha defendido su nombramiento, argumentando que el nuevo método de elección por voto popular otorga mayor legitimidad al Poder Judicial. Sin embargo, su inclusión en las listas promovidas por el oficialismo ha generado dudas sobre la independencia y autonomía de su futura gestión en la Corte.
Giovanni Azael Figueroa Mejía (3.11%)
Nacido en Tepic, Nayarit, en 1978, Giovanni Azael Figueroa Mejía es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado gran parte de su carrera a la academia y la investigación jurídica. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y ha coordinado programas de maestría en derechos humanos. Además, ha ocupado cargos administrativos en el Poder Judicial, como director de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Nayarit y asesor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de su sólida formación académica y experiencia en el ámbito judicial administrativo, Figueroa Mejía no ha ejercido funciones jurisdiccionales como juez. Su nombramiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado debate sobre la importancia de la experiencia judicial directa en el máximo tribunal del país. Durante su campaña, Figueroa Mejía ha defendido la necesidad de una Corte más cercana a la ciudadanía y ha propuesto reformas para mejorar el acceso a la justicia y combatir prácticas como el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.
Irving Espinosa Betanzo (3%)
Con una licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Espinosa Betanzo ha desarrollado su carrera en el servicio público. Ha sido secretario proyectista en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2008, cuando Andrés Manuel López Obrador militaba en dicho partido, y de 2009 a 2012 fue apoderado legal en la entonces delegación Iztapalapa, gobernada por Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México y figura destacada de Morena. Posteriormente, de 2015 a 2019, se desempeñó como asesor de Morena en la Cámara de Diputados. Durante su campaña para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Espinosa Betanzo promovió una “justicia sin privilegios y sin impunidad”, alineándose con los principios de la Cuarta Transformación. Su nombre apareció en las listas de votación, conocidas como “acordeones”, que fueron distribuidas por Morena para orientar el voto hacia candidatos afines al partido, lo que ha generado críticas sobre la independencia del proceso electoral.
Arístides Rodrigo Guerrero García (3%)
Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, Arístides Rodrigo Guerrero García ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, principalmente en el ámbito local. Fue comisionado y presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), donde tuvo cercanía con actores políticos vinculados a Morena. También fungió como consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, y ha mantenido una presencia constante en medios públicos afines al oficialismo, lo que refuerza su perfil cercano al gobierno en funciones.
Durante su campaña, se autodenominó “el ministro de las juventudes” y propuso modernizar el sistema judicial mediante el uso de tecnologías, así como fortalecer los derechos digitales. Su nombre fue incluido en los “acordeones” distribuidos por Morena para orientar el voto hacia perfiles cercanos al partido, lo que ha sido interpretado como una señal clara de su afinidad con el oficialismo. Aunque no tiene militancia formal, su trayectoria se ha desarrollado en espacios alineados con la Cuarta Transformación.
Sara Irene Herrerías Guerra (2.72%)
Abogada laboralista con más de cinco décadas de experiencia, Ríos González ha sido una figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ocupó el cargo de consejera jurídica durante su administración en la Ciudad de México (2000-2005) y nuevamente en la Presidencia de la República entre 2021 y 2024. Su nombramiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido objeto de críticas, señalando que su ascenso se debió más a su cercanía con el expresidente que a méritos propios. Durante el proceso electoral, su nombre apareció en las listas de votación, conocidas como “acordeones”, que fueron distribuidas por Morena para orientar el voto hacia candidatos afines al partido.
Además, su gestión ha sido cuestionada por su presunta omisión y negligencia en el caso Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México. Organizaciones de la sociedad civil han señalado la falta de avances significativos en la investigación durante su periodo como consejera jurídica, lo que ha generado críticas sobre su compromiso con la justicia y la transparencia.
Implicaciones para la democracia mexicana
La conformación de una SCJN con mayoría de ministros afines a Morena plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso del Ejecutivo. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional han expresado su preocupación por la posible erosión de la independencia judicial y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional.
Además, la baja participación ciudadana en la elección judicial, con apenas un 13% del padrón electoral, ha sido señalada como un factor que podría restar legitimidad al proceso y a los resultados obtenidos.
La elección de los nuevos ministros de la SCJN marca un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial mexicano. Si bien la inclusión de perfiles diversos, como el de Hugo Aguilar Ortiz, representa un avance en términos de representatividad, la concentración de poder en manos de un solo partido político podría comprometer la autonomía de la Corte y, por ende, el equilibrio democrático del país.
La sociedad mexicana enfrenta el reto de vigilar y exigir que la SCJN actúe con imparcialidad y en estricto apego a la Constitución, garantizando así la protección de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
