En medio de un proceso judicial en curso y señalamientos por su presunta participación en un caso de abuso sexual infantil en Zimapán, la diputada de Morena Alhely Medina Hernández solicitó y obtuvo una licencia indefinida para dejar su cargo en el Congreso de Hidalgo. La solicitud fue aprobada por unanimidad (24 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra) el 3 de junio de 2025, dando paso al nombramiento de su suplente, María del Rosario Guerrero Martínez, quien asumirá por el tiempo restante de la Legislatura.
La decisión no fue sorpresiva, pero sí relevante: Medina ya había solicitado dos licencias temporales —la más reciente iniciada el 29 de mayo— y desde abril se mantenía ausente del recinto legislativo tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra. La acusación involucra a otras dos personas cercanas: su hermana Bertha Eva Medina Hernández y su cuñado Arturo Williams Trejo, todos implicados en una carpeta de investigación por presunta violación y abuso sexual de dos niñas, sobrinas de Williams, en un caso denunciado originalmente en 2022 y reactivado en 2025.
Según la cronología de los hechos, las menores fueron presuntamente agredidas en más de quince ocasiones en Zimapán. Los señalamientos apuntan directamente a la red familiar de Medina, identificada como parte de la estructura política de Morena en la región. Arturo Williams, empresario con vínculos contractuales con gobiernos de la Cuarta Transformación, fue detenido en 2023, pero liberado por una jueza local por “falta de pruebas”. No fue sino hasta este año que una jueza federal desestimó esa decisión y reactivó las órdenes de aprehensión.
A pesar de la gravedad del caso, todos los señalados, incluida Medina, cuentan actualmente con suspensiones otorgadas por un juez federal que impiden su detención. En su defensa, la diputada —ahora con licencia indefinida— niega las acusaciones y acusa una “narrativa fragmentada” en torno al caso. Argumenta que no está prófuga y asegura colaborar con el proceso judicial.
Sin embargo, las voces críticas no se han hecho esperar. Aylén Trejo Leal, abogada y tía de las menores, sostiene que la diputada está evadiendo la justicia y que las niñas han declarado su participación, al igual que la de los otros adultos involucrados. En contraste, el padre de las menores, Mario Alfredo Espinoza, ha negado públicamente los señalamientos contra su excuñado Arturo Williams y Bertha Medina, en una conferencia ofrecida durante una jornada de bloqueos carreteros protagonizada por transportistas supuestamente en apoyo a las víctimas, aunque algunos asistentes admitieron haber sido acarreados.
La licencia definitiva de Medina fue acompañada por un comunicado del Congreso local en el que se afirma que la medida busca garantizar la representación legislativa del distrito 01, con cabecera en Zimapán, mientras se resuelven los procesos legales. La legisladora, en su solicitud formal, expresó su respaldo a su suplente y dijo actuar “por responsabilidad hacia el pueblo que representa”.
Pese a la formalidad del trámite, el contexto es inquietante: una diputada con orden de aprehensión por delitos sexuales permanece sin ser detenida, amparada por mecanismos judiciales mientras las víctimas están resguardadas en refugios de alta seguridad en Querétaro. Y mientras el Congreso insiste en que actúa conforme a la legalidad, el proceso judicial avanza entre acusaciones cruzadas, vacíos probatorios heredados y tensiones políticas evidentes.
El caso Zimapán no sólo pone en entredicho la integridad de una representante popular; también revela los engranajes opacos que pueden operar en estructuras de poder locales, donde operadores políticos, autoridades judiciales y redes familiares convergen en escenarios de impunidad. Y aunque por ahora se ha dado paso a la suplencia legislativa, el fondo del asunto sigue sin resolverse: ¿cuándo se priorizará el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas?
