En Puebla, las críticas podrían costarte algo más que un bloqueo en redes: hasta tres años de cárcel. El Congreso local avanza con paso firme —y discrecional— hacia la aprobación de la llamada Ley de Ciberasedio, una iniciativa que, bajo el discurso de proteger a las víctimas de violencia digital, podría abrir la puerta a un régimen de castigo para quienes incomoden a los poderosos desde sus cuentas de X, Facebook o TikTok.
La iniciativa, promovida por el exdiputado y actual coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, plantea sancionar con cárcel y multas económicas a quienes insulten, agravien o “vejen” reiteradamente a otra persona mediante medios digitales. Según reportaron La Jornada de Oriente, Animal Político y e-consulta, el texto legal no define con claridad términos como “insistencia” o “menoscabo a la salud”, lo que deja un amplio margen para interpretaciones subjetivas —y peligrosas—.
Desde noviembre de 2024, la iniciativa dormitó en el congelador legislativo hasta que esta semana fue desempolvada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso poblano, donde fue aprobada en apenas 57 minutos y sin consultar a especialistas, como lo denunciaron las diputadas Susana Riestra (PAN) y Fedrha Suriano (MC). Ambas votaron en contra o se abstuvieron, cuestionando la falta de debate técnico y advirtiendo que esta ley podría violar el derecho a la libre expresión.
La oficial de Artículo 19, Martha Tudón, fue aún más contundente: esta legislación no es una herramienta de protección digital, sino un instrumento para inhibir la crítica, particularmente hacia figuras públicas. A su juicio, “criminalizar insultos” sin diferenciar entre violencia real y ejercicio de opinión crítica va en contra del marco democrático y los derechos humanos.
Paradójicamente, mientras se presentaba como un escudo para víctimas de acoso, el dictamen excluyó otras figuras como el grooming (acoso a menores) propuesto por la oposición. También se eliminó la tipificación del fraude cibernético, aunque sí se incorporaron figuras como el phishing, smishing o la suplantación de identidad, con penas de hasta tres años de prisión.
Entre las razones no escritas de la prisa legislativa se encuentra una cuenta incómoda: “Aldea Poblana”, un perfil anónimo en X con apenas 6 mil seguidores, conocido por sus críticas al gobierno de Alejandro Armenta. Según confirmó el secretario de Seguridad Pública, la Policía Cibernética ya identificó a quienes están detrás del perfil. Aunque García Parra niega que la ley busque censurar opiniones, el momento y el contexto sugieren lo contrario.
La mayoría morenista, blindada por su control legislativo, está lista para aprobar la ley sin modificar una coma. Mientras tanto, las voces críticas insisten en que una legislación que protege a las víctimas no puede ser la misma que castiga a los disidentes.
