En la CDMX hay pocas cosas tan disputadas como el espacio público. Desde las banquetas conquistadas por comerciantes ambulantes hasta los parquímetros de paga disfrazados de “cuidadores voluntarios”, también conocidos —aunque ahora con reservas oficiales— como franeleros. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, decidió tomar cartas en el asunto y ponerle orden a este viejo, pero muy vigente, problema capitalino.
La nueva iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica, presentada por Brugada ante el Congreso local, propone lo que muchos ciudadanos llevan años esperando y lo que otros tantos temen: cárcel (aunque sea breve) y cero tolerancia para quienes privaticen con amenazas o cobros el derecho de estacionarse en la vía pública. El castigo: hasta 36 horas de arresto inconmutable, es decir, sin opción de pagar una multa o hacer trabajo comunitario para librarse. Todo esto, respaldado por modificaciones legales que podrían incluso derivar en delitos como extorsión, amenazas, robo o lesiones, según explicó la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas.
Brugada no se anduvo con rodeos: “El espacio público es un derecho, no una mercancía”, insistió más de una vez. Y en efecto, su administración apunta a desarticular la red informal que opera en calles estratégicas —hospitales, plazas, escuelas, eventos públicos— donde, en la práctica, se han impuesto tarifas y condiciones de uso. En otras palabras, donde lo común se volvió negocio a costa del bolsillo ciudadano y, en algunos casos, del miedo.
Pero no todo es palo. También hay zanahoria. La mandataria capitalina insiste en que la política pública no busca criminalizar la pobreza. Por ello, junto a las sanciones, se pondrán en marcha programas de empleo, emprendimiento y concertación para reinsertar a estas personas en actividades legales, con apoyo de la Secretaría del Trabajo y otras dependencias. Se realizará un censo de franeleros para dimensionar el fenómeno y canalizar esfuerzos desde una visión, dicen, integral.
En paralelo, se lanzará una campaña bajo el lema “El espacio público es de todas y todos”, diseñada para explicar a la ciudadanía cuáles conductas son sancionables, cómo defender sus derechos y, de paso, enviar un mensaje contundente: ya no se va a normalizar ni el cobro ni la amenaza disfrazados de servicio.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez, fue claro: se exhortará a la ciudadanía a denunciar también a los policías coludidos con estas prácticas. La advertencia no es menor: la misma dependencia reportó un aumento del 60% en las remisiones por este tipo de conductas respecto al año anterior, con 1,447 personas remitidas.
El dilema no es nuevo: entre el caos urbano, la informalidad estructural y la necesidad de muchos por ganarse la vida en el margen de la ley, la calle terminó siendo campo minado. Pero esta vez, el gobierno de Brugada quiere desactivar esa bomba social sin dinamitar el tejido comunitario. ¿Será posible lograr paz territorial a golpe de arrestos y promesas de empleo? Tal vez no se trata solo de limpiar las banquetas, sino de reordenar la lógica que las volvió campo de batalla. Porque en la CDMX, hasta el estacionamiento se volvió territorio político.
