En la nueva temporada de la guerra contra el narco, Estados Unidos ha decidido ajustar el guion: ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo es una amenaza criminal, también es una organización terrorista. Así lo determinó el Departamento del Tesoro al sancionar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, bajo la Orden Ejecutiva 13224, diseñada originalmente para combatir el extremismo post 11-S. ¿Qué tiene que ver un narco michoacano con Al Qaeda? En esta narrativa, todo: fentanilo, asesinatos en vivo y campos de entrenamiento al estilo Narcos versión Black Mirror.
La reciente designación como Organización Terrorista Extranjera permite congelar bienes, bloquear transacciones y castigar a terceros que hagan negocios con miembros del CJNG. Entre los señalados, además del jefe de jefes, están su yerno Julio Alberto Castillo (experto en precursores químicos), Gonzalo “El Sapo” Mendoza (administrador del rancho de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco), Audías Flores (jefe regional en Zacatecas) y Ricardo Ruiz Velasco, presunto asesino de la influencer Valeria Márquez, ejecutada mientras transmitía en vivo. Sí, ni Hollywood se atrevería a tanto.
El Departamento del Tesoro y la OFAC justificaron las sanciones alegando que el CJNG aplica “tácticas violentas para controlar territorios”, incluyendo ejecuciones de reclutas que desobedecen órdenes. La historia del Rancho Izaguirre, donde se encontraron cientos de zapatos y ropa —presuntamente de víctimas—, parece un siniestro museo de la violencia organizada. La escena, descrita como un “centro de exterminio”, es una muestra brutal del alcance paramilitar del cártel.
El caso de Valeria Márquez, cuya ejecución fue captada mientras transmitía en redes, ha sido utilizado por el gobierno estadounidense como emblema de la violencia extrema del cártel. Aunque la Fiscalía mexicana no ha concluido la investigación del feminicidio, en Washington ya hicieron su juicio: Ricardo Ruiz, miembro “élite” del CJNG, fue incluido en la lista negra.
La figura de El Mencho no es nueva en los expedientes del gobierno estadounidense. Con antecedentes desde los 90 por tráfico de heroína, deportado tras cumplir condena en California, regresó a México y se integró a la policía de Jalisco antes de convertirse en capo. Su trayectoria incluye alianzas con el Cártel del Milenio, rupturas con el de Sinaloa y la formación del CJNG en 2010. Desde entonces, ha tejido una red criminal multinacional que abarca desde el tráfico de drogas hasta el fraude inmobiliario, pasando por el robo de combustible y el tráfico de migrantes.
A pesar de su notoriedad, El Mencho mantiene un bajo perfil. Su salud y paradero son objeto de especulación: algunos informes apuntan a que podría haber muerto, pero ningún gobierno lo ha confirmado. Mientras tanto, su nombre sigue causando impacto. Prueba de ello fue el escándalo en marzo pasado, cuando el grupo Los Alegres del Barranco proyectó su imagen durante un concierto en Zapopan, entre narcocorridos y luces de colores.
Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. No es una recompensa menor, pero sigue sin surtir efecto. La combinación de poder territorial, control portuario (como en Manzanillo), sofisticación logística y brutalidad lo mantiene como el enemigo público número uno.
El paso de designar al CJNG como organización terrorista no es solo una maniobra simbólica: abre la puerta a más intervención, vigilancia internacional y sanciones transversales. El mensaje es claro: para Washington, los narcos ya no solo envenenan calles, también atentan contra la seguridad global. Y aunque el narco no use turbante, las bombas que lanza —en forma de fentanilo o ejecuciones en vivo— ya lo pusieron en la misma categoría.
