Censura, persecución y castigo
No había pasado ni un mes del caso del columnista Héctor de Mauleón, quien fue denunciado y perseguido por la consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal por sus revelaciones publicadas en el diario El Universal, cuando salieron a la luz dos nuevas expresiones de censura emanadas de gobiernos guindas.
En Campeche, el periodista en retiro y exdirector del diario Tribuna, Jorge González, fue vinculado a proceso por supuesta incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsó la famosa Ley de Ciberseguridad, que castiga con cárcel a quien insulte, a través de cualquier espacio digital, a otra persona.
Lo delicado de estos tres casos, además, por supuesto, de la intimidación que se profesa desde el poder político, es el uso del marco legal para adjudicar castigos a quien resulte incómodo por sus opiniones.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido que en México se respeta y respetará la libertad de expresión; no es la primera vez que se intenta controlar y castigar, desde el Estado, lo que se dice en la opinión pública.
¿Recuerdan ustedes la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, promovida por su gobierno?. Pues en el artículo 109 de esa ley, se establecía que la Agencia de Transformación Digital podía dar un “apagón” a cualquier plataforma digital o red, por disposiciones oficiales que no eran claras.
Aunque la presidenta reculó, luego de las reacciones entre periodistas, medios de comunicación, influencers y sociedad en general; el diente se mostró y la intención por controlar las expresiones públicas, quedó manifiesta.
El “error” de Mauleón, por ejemplo, fue denunciar la red de huachicol en Tamaulipas, que implicaba a diferentes autoridades y se extendía hasta los agentes aduanales y salpicaba a la candidata de Morena al Tribunal Superior de Justicia.
El periodista campechano, Jorge González, a quien por cierto se le pide una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la gobernadora Layda Sansores, fue perseguido por una serie de publicaciones críticas, que fueron usadas por una jueza de Control (Guadalupe Martínez) para imponer las descabelladas sanciones.
Pero hay que ser claros: la censura, la persecución y el castigo, no son propios de un partido o gobierno. El control de la información es un afán y una tentación para el poder político, en cualquier parte del mundo.
Por ello, la defensa de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y opinión, es aún más necesaria cuando los ataques arrecian y los poderosos se sienten intocables.
