- Claudio Granados Macías advierte que la regularización de viviendas ocupadas puede fomentar el incumplimiento legal y agravar el problema
- Señala que el abandono de casas tiene causas estructurales: inseguridad, mala ubicación y falta de servicios
Plantea que la solución debe incluir políticas públicas integrales, no solo medidas legales o de regularización
Claudio Antonio Granados Macías, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), analizó los alcances y riesgos de la reciente propuesta para regularizar la ocupación anómala de viviendas abandonadas en México, particularmente aquellas bajo el esquema del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El académico advirtió que, si bien el número de viviendas abandonadas en el país es considerable, no todas pertenecen al Infonavit, ya que existen múltiples esquemas de financiamiento habitacional en condiciones similares: “Este organismo propone regularizar a quienes habitan viviendas que no les pertenecen. Entiendo que son casas en proceso de recuperación por parte del instituto, debido al incumplimiento de los propietarios originales”, explicó.
No obstante, subrayó que antes de pensar en mecanismos de regularización es fundamental entender por qué se dio el abandono: “Muchas de estas viviendas están en zonas alejadas de los centros urbanos, sin acceso adecuado a servicios públicos, con problemas de seguridad y, en algunos casos, ubicadas en fraccionamientos en condiciones irregulares. Esas son causas estructurales que deben atenderse”, enfatizó.
Granados Macías señaló que la propuesta de arrendar o vender las viviendas ocupadas a bajo costo podría tener consecuencias no deseadas: “Veo muy difícil que ese esquema resuelva el fondo del problema. Podría incluso incentivar a que otros acreditados en situaciones complicadas opten por dejar de pagar, esperando un trato similar”, comentó.
Desde su perspectiva, este tipo de medidas puede contribuir a erosionar la cultura del cumplimiento legal en el país: “México tiene fallos estructurales en el cumplimiento del Estado de derecho. Así lo reflejan estudios como los del World Justice Project. Si no se garantiza el respeto a la ley desde las instituciones, difícilmente se logrará generar confianza en el sistema”, explicó.
En ese sentido, recordó que actualmente el Poder Judicial enfrenta importantes desafíos, derivados de los recientes cambios en los mecanismos de designación de jueces y magistrados: “La judicatura arrastra una carga de trabajo muy alta y procesos de capacitación que pueden llevar años. Esto podría afectar la garantía de legalidad en los próximos años”, indicó.
Finalmente, hizo un llamado a analizar integralmente los factores que originan el abandono habitacional: “No se trata solo de sancionar o regularizar, sino de diseñar políticas públicas funcionales que contemplen la realidad social, económica y jurídica de quienes habitan estas viviendas”, concluyó.
