Entre las muchas sorpresas que nos ha dejado la elección judicial del pasado 1 de junio, una de las más controversiales es la llegada de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al Poder Judicial en Chihuahua.
Así como lo lees: quien alguna vez formó parte del equipo legal que defendió al líder del Cártel de Sinaloa antes de su extradición a Estados Unidos, ahora será jueza en materia penal durante los próximos años. Su elección, como la de muchos otros perfiles, ha encendido alertas sobre los vacíos y riesgos del nuevo modelo de elección popular de jueces.
¿Quién es Silvia Delgado?
Silvia Delgado fue parte de la defensa de El Chapo en 2016, y aunque asegura que todos sus clientes han sido igual de importantes, no niega ni minimiza su pasado con uno de los criminales más célebres del país. En una publicación de Facebook, la futura jueza afirmó que haber llevado el caso de Guzmán demuestra su carácter y temple para impartir justicia.
En el documental Narco Lawyers, de Deutsche Welle, Delgado llegó a decir que el juicio del capo fue “una farsa” y un “tributo a Donald Trump”. Nada menor para alguien que ahora estará del otro lado del estrado.
Su postulación ya había sido cuestionada por la organización Defensorxs, que identificó al menos 20 candidaturas “riesgosas” en todo el país, por vínculos con el crimen organizado o antecedentes preocupantes. Aun así, Delgado obtuvo más de 23 mil votos, convirtiéndose en la segunda candidata más votada en Chihuahua.
Varios ganadores en la elección judicial tienen acusaciones y hasta denuncias
Silvia Delgado no es la única figura polémica que ha salido victoriosa en estas elecciones judiciales. Hay perfiles con acusaciones serias, cuestionamientos éticos, conflictos de interés e incluso procesos penales en curso. Aquí algunos de los más sonados:
Héctor Ulises Orduña: el juez electo… desde prisión
Orduña, electo juez de distrito en Veracruz, ganó su cargo desde la cárcel. Fue detenido días después de iniciar su campaña por abuso sexual contra una menor y presuntos vínculos con pornografía infantil. Aun así, obtuvo más de 44 mil votos. Su caso ha sido calificado como el ejemplo más extremo de los errores del sistema, que no filtró perfiles ni verificó antecedentes a profundidad.
Sara Herrerías: de subprocuradora a Ministra
Sara Irene Herrerías, exsubprocuradora de Derechos Humanos, fue elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido señalada por obstaculizar investigaciones clave y negociar casos de tortura. Obtuvo la menor cantidad de votos entre los nueve ministros electos, pero eso no impidió su avance.
Hortencia García: jueza que liberó a César Duarte
En Chihuahua, Hortencia García se perfila para ocupar una magistratura penal. En 2024 ordenó la liberación del exgobernador César Duarte sin audiencia previa, lo cual provocó severas críticas. También ordenó la detención de fiscales que investigaban corrupción. Todo muy conveniente.
Tania Contreras: red de corrupción y censura
En Tamaulipas, Tania Gisela Contreras fue la candidata más votada para presidir el tribunal local. Ha sido señalada por estar vinculada a redes de huachicol, corrupción familiar y por intentar censurar medios que la investigaban. PAN presentó denuncias por asociación delictuosa y tráfico de influencias.
Edgar Rodríguez Beiza: acusado de abuso sexual
En CDMX, Rodríguez Beiza figura entre los más votados a magistrado penal. Tiene una denuncia por abuso sexual, fue suspendido por destrozar mobiliario del tribunal y ha intentado censurar medios. También fue señalado por su trato misógino en procesos judiciales.
Cinthia Teniente: ligada a La Luz del Mundo
Sobre la actual alcaldesa morenista de Villagrán, Guanajuato, pesan impugnaciones de sobrevivientes de La Luz del Mundo, iglesia cuyo líder fue condenado por pornografía infantil en Estados Unidos. Teniente es esposa del senador morenista Emmanuel Reyes y ha sido señalada por vínculos con la secta.
¿Y entonces qué sigue?
Ahora que los votos ya están contados, corresponde al INE y al Tribunal Electoral revisar si se anulan o no las candidaturas con antecedentes graves. Pero en muchos casos no hay sentencias, solo denuncias o investigaciones abiertas, lo que complica el panorama legal.
Si quienes llegan al estrado tienen cuentas pendientes con la ley, el daño no es solo institucional: es personal para cualquiera que tenga que enfrentarse a un sistema judicial que carga con sus propios fantasmas.
