Jaime González Durán, alias “El Hummer”, uno de los fundadores del sanguinario grupo criminal Los Zetas, fue condenado a 35 años de prisión por una corte federal en el Distrito de Columbia, EE.UU. La sentencia incluye además la confiscación de 792 millones de dólares en bienes, cuentas y propiedades. El veredicto es el resultado de una investigación de largo aliento liderada por la División Houston de la DEA y el Departamento de Justicia, que lo señala como responsable del tráfico de más de 450 kg de cocaína y 90,000 kg de mariguana desde México a diversas ciudades estadounidenses.
Con antecedentes militares y formación en las Fuerzas Armadas mexicanas, González Durán no solo fue jefe de plaza en zonas estratégicas del noreste de México —como Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán— sino también una pieza clave en el uso de tácticas de guerra para controlar rutas del narcotráfico. Según documentos oficiales citados por Infobae, su operación se extendía desde el almacenamiento de explosivos y armas de alto poder hasta la coordinación de sicarios y el soborno de funcionarios para garantizar impunidad en los traslados de droga.
Su captura, extradición en 2022 y posterior juicio son presentados por las autoridades estadounidenses como un ejemplo de cooperación internacional y aplicación del peso máximo de la ley contra organizaciones designadas como terroristas. Cabe recordar que el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado estadounidense incluyó al Cártel del Noreste (heredero directo de Los Zetas) en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.
“González-Durán empleó tácticas de violencia e intimidación para mantener el control de Los Zetas sobre rutas clave del narcotráfico, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México”, declaró Matthew Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. A su vez, William Kimbell, agente especial interino de la DEA, subrayó que la condena es producto de “décadas de trabajo incansable” para derribar a uno de los capos más violentos que han operado en la región.
El expediente criminal incluye referencias a eventos ocurridos desde 2007, como una intervención telefónica en la que “El Hummer” organizaba el traslado de 1.5 millones de dólares en efectivo desde Texas a México, así como el hallazgo de un arsenal en una bodega ligada a él, con más de 500 rifles, 165 granadas y cartuchos de uso militar.
Con esta sentencia, el gobierno de EE.UU. no solo busca cerrar un ciclo en la historia de uno de los grupos criminales más temidos de México, sino también enviar una advertencia. Según el Departamento de Justicia, este caso es un mensaje claro a las organizaciones “narcoterroristas”: no importa la distancia, el tiempo ni el rango de su liderazgo, los responsables enfrentarán la justicia estadounidense.
La condena de “El Hummer” también se inscribe dentro de la llamada Operación “Recuperemos América”, una estrategia del gobierno estadounidense para frenar el flujo de drogas y desarticular redes transnacionales mediante el uso combinado de herramientas judiciales y diplomáticas. En un contexto donde la presión internacional sobre el combate al crimen organizado es cada vez más fuerte, el caso de González Durán es, al menos para Washington, una victoria jurídica que reafirma su papel como actor principal en la guerra contra el narcotráfico.
Pero más allá del mensaje político, la sentencia revela una realidad más incómoda: el nivel de operación militarizada y de control territorial que estos grupos alcanzaron, en parte gracias a la corrupción institucional y la ausencia de contención efectiva desde el lado mexicano. La caída de un líder no borra las estructuras que dejó, ni mucho menos garantiza el fin del fenómeno. A fin de cuentas, la historia del narcotráfico en la región ha demostrado que los nombres cambian, pero los mecanismos persisten.
