En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado directamente a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como engranajes clave en la maquinaria internacional de lavado de dinero al servicio de cárteles mexicanos que trafican fentanilo. A través de su oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno estadounidense activó sanciones conforme a la nueva Ley FEND Off Fentanyl, lo que prohíbe ciertas transacciones con estas entidades a partir de su entrada en vigor en el Registro Federal.
De acuerdo con el Tesoro, las tres instituciones habrían permitido durante años el movimiento de millones de dólares destinados a adquirir precursores químicos desde China, así como la limpieza de activos provenientes del narcotráfico de grupos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva. Los reportes estadounidenses documentan desde reuniones entre ejecutivos bancarios y miembros del crimen organizado, hasta pagos triangulados a empresas chinas usadas para adquirir insumos destinados a la producción ilegal de opioides.
Vector, por ejemplo, habría sido utilizada por operadores del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021 para mover dos millones de dólares de EE.UU. a México. Entre 2018 y 2023, procesó más de un millón de dólares a empresas chinas asociadas con envíos ilícitos. En el caso de Intercam, se señala una reunión con miembros del CJNG en 2022 y pagos por más de 1.5 millones de dólares a actores en China vinculados a tráfico químico. CIBanco, por su parte, habría abierto cuentas para presuntos narcotraficantes del Cártel del Golfo y canalizado más de 2 millones de dólares a proveedores asiáticos, incluyendo operaciones con empresas que han sido asociadas a cargamentos incautados de metanfetamina.
Las acusaciones llegan en un momento de alta tensión bilateral en materia de seguridad y narcotráfico, con Washington presionando por acciones más contundentes contra los cárteles y ahora también contra posibles cómplices financieros. En mayo pasado, funcionarios estadounidenses ya habían sostenido reuniones privadas con representantes bancarios mexicanos durante la Convención Bancaria en Nayarit para discutir medidas de blindaje financiero.
La respuesta del gobierno mexicano no tardó. La Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), activó procesos de revisión a las tres instituciones. Sin embargo, los hallazgos se limitaron a faltas administrativas sancionadas con 134 millones de pesos en multas. Hacienda afirmó que, hasta el momento, no existen pruebas que respalden las acusaciones de lavado de dinero y que las transferencias señaladas corresponden a operaciones con empresas chinas legalmente constituidas, como las que realizan miles de compañías mexicanas dentro de un comercio bilateral que asciende a 139 mil millones de dólares anuales.
Las instituciones financieras aludidas rechazaron categóricamente los señalamientos. Intercam defendió su historial de casi tres décadas bajo estándares nacionales e internacionales de prevención de lavado y subrayó que opera con normalidad, mientras que Vector recordó su supervisión constante por parte de autoridades mexicanas y aseguró que sus inversiones están plenamente respaldadas. CIBanco, por su parte, negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y solicitó pruebas al Tesoro estadounidense.
Más allá del cruce diplomático, el caso revela las grietas en la supervisión financiera internacional ante un delito de alcance global: el financiamiento del fentanilo. Las autoridades mexicanas exigen evidencia concreta, mientras Washington avanza con sanciones firmes. En medio, tres instituciones mexicanas enfrentan un riesgo reputacional enorme y una creciente presión de ambos gobiernos para rendir cuentas. La disputa no solo es legal o financiera, sino un reflejo del ajedrez geopolítico y del creciente protagonismo del sistema bancario en la lucha contra el crimen transnacional.
