La figura de Jefe de Gabinete no es ninguna novedad; apareció en las propuestas que varios partidos políticos realizaron para la Reforma del Estado al inicio del gobierno usurpador de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El PRI, con dos derrotas presidenciales a cuestas, ni tardo ni perezoso, propuso actualizar y ajustar el marco de atribuciones de la Presidencia de la República para que los integrantes del gabinete, director de PEMEX, de CFE y del CISEN fueran ratificados por el Senado, desapareciendo las Secretarías de Gobernación, de la Función Pública y de Seguridad Pública para crear la del Interior con el objetivo de transitar hacia un sistema semiparlamentario que dejara atrás el presidencialismo y el carro completo. Para tal efecto, el Congreso tendría la facultad de retirar la ratificación del nombramiento del Jefe de Gabinete, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado de la República en señal de pérdida de confianza. Era la Luna de Miel entre priístas y panistas que culminaría con la revelación pública de los llamados “acuerdos secretos” en materia electoral y presupuestal pactados por el PRIÁN, ante la fe del entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, que incendiaron el Palacio Legislativo de San Lázaro en un singular debate no exento de “violencia intrafamiliar” donde el PAN en voz de su presidente César Nava retó al gobernador Peña Nieto y a Beatriz Paredes a debatir públicamente el acuerdo signado por ellos de no hacer alianzas con el PRD en el estado de México a cambio del apoyo tricolor a la Ley de Ingresos 2010 y el aumento del IVA de 15 al 16 por ciento.
De aquella intempestiva “ruptura aliancista” no sólo quedó el grotesco y patético amasiato entre el PAN y el PRD apadrinado desde la presidencia de la república, sino el proyecto del PRI con su figura de Jefe de Gabinete que José Carlos Lozano de la Torre, logró imponer en Aguascalientes con el más absoluto menosprecio a las doctas voces que se alzaron para señalar las graves implicaciones constitucionales y los efectos políticos que causaría su incorporación a nuestro marco jurídico. Ese modelo tan ajeno al constitucionalismo mexicano como la enseñanza del idioma chino mandarín que su antecesor prometió implementar en las escuelas públicas del Estado, fue rociado con singular fervor mariano en la constitución local con las facultades curativas de los “productos milagro” que sirven para todo, aunque no sirvan para nada.
Los “sesudos asesores” del nuevo gobierno ignoraron que los poderes constituidos no pueden actuar más allá de las atribuciones y facultades que les han sido expresamente conferidas por la Ley Fundamental y el orden jurídico vigente que declara inconstitucional todo intento que pretenda rebasar la esfera de competencias que dichos poderes tienen claramente limitadas.
El gobierno de gabinete, propio de los parlamentos europeos elegidos por la ciudadanía en igualdad de condiciones y blindados en su autonomía, nada tiene que ver con nuestro distorsionado régimen presidencialista y su supuesta división de poderes; no nace como una propuesta novedosa de gobernabilidad y pluralidad política, sino como una cortina de humo para esconder la notoria y pública fragilidad de un gobernante “apanicado” en sus funciones, con operatividad limitada al área de Desarrollo Económico, de la que se asume Secretario, tal vez porque no tuvo la menor idea de las facultades que la Ley otorga al Poder Ejecutivo, ahora trasplantadas a una entelequia que pisotea la constitución con la consigna de enmascarar la maltrecha autoridad de un mandatario incapaz de entender el significado de la parlamentarización del Poder Público en Aguascalientes y que irremediablemente lo hará languidecer ante el nuevo señorío del “Monarca Sexenal” que cubrirá sus ausencias e incompetencias.
Este costoso capricho, legitimado a través de boletines de prensa con cargo al erario público y con la cooptación de “representantes populares” que se dicen de opositores, en lugar de desconcentrar el poder, inventa un “nuevo funcionario”, un “hombre fuerte”, impuesto por la razón de la fuerza de una mayoría legislativa que acabó arrodillada ante el fiero defensor del Estado de Derecho en las aulas universitarias, Javier Antonio Aguilera García, ungido ahora como el nuevo Jefe de Gabinete cuyas funciones principales consistirán en ser el interlocutor de su amigo el gobernador con los distintos poderes y que además de representarlo ante el Congreso local; coordinará las actividades de la Administración Pública; firmará todos los despachos del Ejecutivo; informará a los diputados sobre el estado que guarda la administración pública; dará respuesta a los requerimientos planteados por el Congreso y se encargará interinamente del despacho del Poder Ejecutivo ante la falta del gobernador.
El más leguleyo entre los leguleyos, sabe de sobra que la figura de Jefe de Gabinete en forma y fondo sólo servirá para cubrir las constantes ausencias de un gobernador viajero, transformado en un trotamundos repartidor de progreso, que bien puede boletinarnos un discurso de gobernabilidad desde algún santuario de Kamakura en Japón o del Cristo Roto de San José de Gracia, que desde una taberna taurina de España, todo al compás de sus estados anímicos, deseoso de mostrarnos el vértigo estallante del cumplimiento de sus promesas electorales.
Lo cierto es que con el Jefe de Gabinete, ni se fortalece el Poder Legislativo, ni se independiza el Poder Judicial, ni se acota la discrecionalidad con la que actúa el Ejecutivo, ni mucho menos se consolida un sistema de partidos competitivo y plural que rompa con el control faccioso que el PRI a lo largo de su historia ha ejercido en los órganos soberanos donde la oposición es la eterna convidada de piedra. Abramos el verdadero debate en torno a esa figura parlamentaria sin las vaciladas del gobierno en turno, aunque no lo quiera el Secretario General de Gobierno, Miguel Romo Medina, existente sólo en la nómina.
