En tiempos donde los ricos suelen ganar tiempo en lugar de pagar impuestos, el nombre de Ricardo Salinas Pliego volvió a encabezar las conferencias matutinas del gobierno federal. Esta vez no por sus tuits incendiarios o sus críticas a la reforma judicial, sino por la revelación de una deuda fiscal acumulada por su grupo empresarial que ya alcanza los 74 mil millones de pesos, según la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
La titular de la PFF, Grisel Galeano García, detalló el 27 de junio de 2025 el entramado legal que ha sostenido la evasión de ese monto a lo largo de 16 años, mediante 32 juicios en diversas instancias judiciales. Tres de esos casos —que suman 26 mil millones de pesos— ya llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras otros están distribuidos entre tribunales colegiados, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras dependencias. En apenas un año, la deuda aumentó 11 mil millones de pesos más.
El patrón de defensa del Grupo Salinas, según Galeano, se sostiene sobre un “modus operandi” basado en estrategias dilatorias: solicitar revisiones fiscales exhaustivas, interponer recursos tras recursos, recusar jueces cuando los fallos se tornan adversos y, aún con sentencias firmes, abrir nuevos procesos. “Es penoso”, dijo la procuradora, que este poder corporativo haya alcanzado incluso a influir en la Corte.
Este entramado legal —añadió— no es accidental. Se trata de un uso sistemático de los recursos del Poder Judicial para evitar que se ejecuten resoluciones definitivas a favor del SAT. A decir del gobierno federal, esto explicaría por qué TV Azteca, parte del Grupo Salinas, ha emprendido una campaña crítica contra la elección de jueces y magistrados por voto popular.
La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó los señalamientos. Aseguró que este enfrentamiento tiene raíz en los privilegios que ciertos grupos empresariales buscan conservar. “No creo que los ministros se atrevan a hacer algo en contra del pueblo de México”, advirtió, confiando en que los nuevos nombramientos en la Corte pongan fin a este tipo de tácticas. También recordó que TV Azteca no recibe publicidad oficial desde 2024, precisamente por no cumplir con sus obligaciones fiscales.
Del otro lado, Salinas Pliego respondió con el estilo que lo caracteriza: acusando extorsión fiscal y censura desde su cuenta de X (antes Twitter). Rechazó los señalamientos y afirmó que el gobierno busca desviar la atención de reformas “que destruyen la república”. El Grupo Salinas también se pronunció públicamente, asegurando que la Procuraduría Fiscal actúa bajo órdenes del Ejecutivo para presionar a la SCJN y vulnerar el Estado de Derecho.
Más allá de los tuits y las acusaciones cruzadas, lo que queda claro es que este caso no es sólo sobre dinero. Es un conflicto que expone los límites del sistema judicial mexicano, las redes de influencia entre corporativos y jueces, y el papel de los medios en el debate público. Que la SCJN aún no haya resuelto tres de los casos más cuantiosos, iniciados hace más de una década, da cuenta de un sistema que premia a quien puede pagar más abogados que impuestos.
Aunque el gobierno insiste en que la justicia “tarde o temprano” llegará, la pregunta sigue en el aire: ¿seguirá la Corte operando como tribunal o como zona VIP para los de siempre? Mientras tanto, los 74 mil millones siguen sin entrar a las arcas públicas.
