- La XXV Marcha LGBTIQ+ reunió a más de 10 mil personas, reflejo del cambio social en la entidad
- El Comité Organizador denunció amenazas del Frente Nacional por la Familia y analiza acciones legales
Exigen al Congreso y al Ejecutivo armonizar leyes locales con los criterios de la SCJN
El Comité Organizador de la XXV Marcha LGBTIQ+ en Aguascalientes denunció públicamente la persistente brecha entre el creciente respaldo social a la diversidad sexual y el rezago institucional en el reconocimiento de derechos humanos. A pesar de que el estado ocupa el quinto lugar nacional en proporción de población LGBTIQ+, las leyes locales no se han armonizado con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que coloca a la entidad como poco atractiva para inversionistas que valoran el respeto a los derechos fundamentales.
Durante la movilización, que congregó a más de 10 mil personas, se hizo evidente el apoyo de la ciudadanía frente a los discursos de odio. Sin embargo, los organizadores rechazaron de forma contundente las amenazas e insultos vertidos por Jaime Castro, dirigente local del Frente Nacional por la Familia, a quien atribuyen declaraciones intimidatorias y estigmatizantes. En respuesta, el Comité analiza emprender acciones legales para proteger la integridad de quienes participaron en la marcha.
Además de defender la libertad de expresión y de identidad, los organizadores exigieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que impulsen las reformas necesarias para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. También subrayaron la urgencia de esclarecer casos pendientes de justicia, como los asesinatos de Ociel Baena y Dorian Nieves, el crimen del activista Ulises Nava y la desaparición de Ricardo Esquivel y Flavio Palomar, en la que se menciona la posible participación de un sacerdote de la Diócesis local.
Finalmente, hicieron un llamado a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía General de la República para que intensifiquen las diligencias y llamen a declarar al Obispado, especialmente en el caso de Ricardo y Flavio, cuyo último rastro se ubicó en la parroquia de Mechoacanejo. El Comité remarcó que seguirán exigiendo verdad, justicia y respeto irrestricto a los derechos humanos.
