¿Y ahora?
Después de la entrega de constancias de mayoría a quienes resultaron electos como personas juzgadoras, y tras haberse bajado a algunos candidatos por ser inelegibles, y una vez validado el cómputo de esta elección atípica, ¿qué sigue?
Consultamos con expertos en el ámbito jurídico-electoral para conocer qué viene respecto a las situaciones que quedaron inconclusas, en particular sobre aquellos candidatos que fueron excluidos por no cumplir los requisitos. A partir de ello, tenemos varias reflexiones y posibles escenarios sobre lo que podría ocurrir en este lapso de tiempo antes de que entren en funciones las nuevas personas juzgadoras.
Reflexión
De acuerdo con nuestro sistema político-electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia para cualquier impugnación, y sus determinaciones son inapelables. Una vez entregadas las constancias de jueces, magistrados y ministros por parte de los 300 distritos electorales federales y del Consejo General del INE, las Salas Regionales y la Sala Superior recibieron múltiples impugnaciones, sobre todo por parte de “ciudadanos” que se sintieron agraviados (principalmente actores políticos de los partidos de oposición).
Derivado de ello, la Sala Superior determinó que dichos ciudadanos no tenían legitimidad para impugnar la elección del Poder Judicial. Al ser la última instancia, todos los tribunales -locales y regionales- están obligados a acatar los criterios que determine esta sala. Al tratarse de una elección sui géneris, se abrió la posibilidad de dictar criterios ad hoc para proteger la reforma judicial.
No podemos ignorar que tanto las salas regionales como la Sala Superior han demostrado últimamente su actitud de quedar bien con la presidenta Claudia Sheinbaum, aprovechando las lagunas jurídicas que dejó la elección del Poder Judicial. Así, pese al cúmulo de anomalías durante el proceso y la jornada electoral, no hubo forma legal de impugnar.
En el ámbito local -el más próximo para la ciudadanía-, fue evidente que todo se coordinó desde el Gobierno del Estado en “alianza” con el Gobierno Federal. Basta ver que los acordeones distribuidos por los oficialismos federal y local eran prácticamente idénticos: todo lo federal para Morena, todo lo local y algunos magistrados de circuito para los panistas locales.
Frente a este panorama, solo queda una vía: los juicios para la protección de los derechos político-electorales, que solo pueden presentar candidatos y candidatas. Sin embargo, lo único que podrían impugnar sería lo relativo a los requisitos de procedibilidad, los cuales debieron revisarse al inicio del proceso y de oficio hasta antes de la entrega de constancias (como en los casos de Salvador Hernández, Claudio Azul y Fátima).
Ya vimos que se coló una candidata que apenas el año pasado obtuvo su título de licenciada en Derecho, y que jamás ha litigado. Su única “gracia” es ser militante panista del primer círculo de influencia.
Quienes podrían tener legitimidad para impugnar esa designación serían sus pares -otros candidatos y candidatas a magistraturas-, pero no lo harán, porque esta fue una elección altamente controlada. Inicialmente se pretendía emitir una lista única para que todos ganaran, pero, según los panistas, se les colaron dos perfiles que no tenían en su radar.
Lo más probable es que esos “perdedores” hayan sido patiños, actores necesarios para simular que realmente hubo una elección. Y si lo fueron, evidentemente no impugnarán. Así, la magistrada electa Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez tomará protesta el 1 de septiembre.
Ningún contendiente tiene elementos sólidos para impugnar. Nadie puede alegar el uso de acordeones, porque no está prohibido en ninguna parte de la ley. Más aún, considerando la naturaleza de esta elección, en la que había que elegir muchísimos cargos, dudo que alguien se haya presentado sin uno. Algunos hicimos nuestro propio acordeón, pero la mayoría fueron distribuidos desde dependencias locales, federales e incluso partidos políticos.
Este 30 de junio vence el plazo para impugnar. El martes al mediodía sabremos cuántas impugnaciones se presentaron y quiénes las interpusieron. Estoy seguro de que ninguna prosperará.
Estafa Ponzi
Tras darse a conocer acusaciones por lavado de dinero contra algunas instituciones financieras que operan en México, llamó la atención que una de ellas –CIBanco– fue fiduciaria de las inversiones que en 2020 realizó la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), las cuales terminaron en un desfalco millonario conocido como la Estafa Ponzi.
Al respecto, Jorge Silva, director de Finanzas de la UAA, aclaró que en el momento de la inversión, CIBanco estaba avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Incluso señaló que la universidad aún mantiene una inversión con esa institución, por un monto de 29 mil pesos.
Por lo pronto, la Fiscalía no ha informado sobre nuevos avances en la investigación. Este será sin duda un tema de campañas internas en la UAA, ya que se rumora que el grupo opositor a la actual rectora Sandra Yesenia Pinzón Castro sigue creciendo. Su reelección se complica ante la falta de resultados sobre este caso.
Aunque ahora compete a la autoridad investigadora, la administración actual podría facilitar el trabajo de la Fiscalía entregando pruebas, testimonios y nueva información.
Improvisaciones
El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) sigue sin dar abasto. Y literalmente, sigue sin dar agua. Pese a que el sistema se creó bajo el discurso de que el agua por fin sería de los usuarios y no de una concesionaria, la realidad es que no pueden ser dueños de lo que no hay.
Las quejas por falta de agua continúan. Esta semana, fraccionamientos como Morelos I y II, Fidel Velázquez y Municipio Libre llevan más de tres días sin servicio. Estas deficiencias operativas serán el talón de Aquiles de Leo Montañez en una eventual candidatura a la gubernatura, y sin duda serán aprovechadas por sus adversarios políticos para ganar terreno en distritos clave.
A miras al 27
La semana pasada hablamos de los perfiles panistas que podrían postularse a la alcaldía capitalina. Ahora, es el turno de los guindas, que también tienen cartas por jugar.
Por un lado, está la diputada local Ale Peña, quien ha construido una imagen de oposición responsable. Desde su llegada al Congreso -tras el intento de frenar su toma de protesta- ha votado en contra de reformas que benefician a grupos de poder y a favor de leyes que ayudan a las familias.
También figura el regidor Enrique Sánchez, cuya labor en cabildo ha sido reconocida, sin apartarse de los principios de Morena, pero evitando caer en polémicas menores. Lo mismo su compañera, la regidora Ivón González, quien además de su actividad en cabildo, se ha mostrado en colonias y foros públicos.
Todo indica que Morena presentará un perfil renovado para esta elección municipal. En cambio, la regidora Martha Márquez parece más apta para postularse a una asociación de alumnos que para una elección popular, pues no sale de las escuelitas.
Se andan alineando
Quienes dicen que ya toman forma son los del equipo de Toño Martín del Campo, quien mostró este fin de semana en redes sociales un convivio con su equipo y liderazgos.Ya se ven en Palacio Mayor, y algunos panistas aseguran que comienza el pique entre los grupos que aspiran a una candidatura. Así que no nos extrañe que a finales de este año o el próximo haya movimientos internos en algunas posiciones del gabinete.
Cierre
Hoy concluye el segundo periodo de sesiones del primer año del Congreso local. Antes del receso, se espera que se aborden temas como la reforma sobre maltrato animal y la designación de la nueva titular de la PROESPA.
Aunque no se descartan periodos extraordinarios, los diputados darán prioridad también a los cambios en la JUCOPO, ya que la bancada mixta Fuerza por Aguascalientes crecerá con legisladoras del PAN que migrarán para mantener la mayoría frente a la unidad de Morena y el PVEM.
