- Omar Alejandro Plesent fue nombrado como nuevo Procurador Estatal de Protección al Ambiente para el periodo 2025-2029
- Se aprobaron reformas sobre uso de tecnología en escuelas, protección a mercados y maltrato animal
También se avaló la reforma que tipifica la difusión de mensajes de grupos criminales como delito
Durante la décima octava sesión ordinaria de la LXVI Legislatura, el Congreso de Aguascalientes aprobó el nombramiento de Omar Alejandro Plesent Sánchez como Procurador Estatal de Protección al Ambiente, quien asumirá el cargo del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2029. El nombramiento será notificado a la gobernadora Tere Jiménez para los efectos legales correspondientes.
Además, el Pleno avaló por unanimidad la lista de vocales propietarias y suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, quienes ocuparán el cargo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2028. También se aprobó la entrega de medallas y premios del Congreso a 16 personas destacadas en diferentes ámbitos, a celebrarse el 25 de septiembre en Sesión Solemne.
En materia legislativa, se avaló con 18 votos la inclusión del artículo 178 F al Código Penal para tipificar como delito la difusión de mensajes atribuidos a grupos delictivos, iniciativa impulsada por la diputada Nancy Gutiérrez. Esta reforma ha generado controversia por su redacción amplia, que podría afectar la libertad de expresión.
En cuanto al desarrollo urbano, se aprobaron reformas al Código Urbano para proteger mercados y centrales de abasto, así como para permitir obras de modernización vial por parte de concesionarios, previa certificación de viabilidad técnica y financiera. También se aprobó reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano fundamental mediante una reforma al artículo 4º de la Constitución local.
En el ámbito educativo, se reformó el artículo 79 de la Ley de Educación para facultar a la autoridad estatal a regular el uso de dispositivos digitales en escuelas de nivel básico y medio superior, con el fin de garantizar un uso responsable y seguro de la tecnología.
Finalmente, se modificó el artículo 191 del Código Penal para imponer sanciones más severas por atentados al equilibrio ecológico, especialmente el maltrato animal, con penas que van de uno a diez años de prisión, multas económicas, y suspensión de derechos profesionales o cargos públicos.
