El Senado mexicano aprobó la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de un nuevo órgano: la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). La votación—68 a favor (Morena, PVEM, PT) y 35 en contra (MC, PAN, PRI)—marca un giro institucional profundo en la política de competencia económica, bajo el argumento de una “simplificación administrativa” que ha generado críticas por el debilitamiento de la autonomía regulatoria.
Cambio de arquitectura institucional
La nueva Comisión Nacional Antimonopolio será un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, con cinco comisionados designados directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por el Senado, eliminando el comité evaluador previo. La CNA tendrá personalidad jurídica propia, patrimonio y nuevas facultades ampliadas: podrá sancionar con mayores multas, inhabilitar empresas por prácticas monopólicas y facilitar acciones colectivas sin agotar juicios judiciales.
También se refuerza su rol en sectores clave como telecomunicaciones y radiodifusión, permitiéndole intervenir en concentraciones de medios, limitar propiedad cruzada y declarar la existencia de agentes económicos preponderantes. Se establece además coordinación con autoridades internacionales para investigaciones conjuntas, en cumplimiento con compromisos como el T-MEC.
Las objeciones: autonomía en entredicho
Para Morena, el rediseño institucional busca una política de competencia “sensible a las desigualdades estructurales” y rompe con una visión tecnocrática de mercado. El senador Emmanuel Reyes aseguró que el nuevo modelo se inspira en la regulación estadounidense y refuerza la rectoría del Estado. Sin embargo, desde la oposición se sostiene que este nuevo modelo diluye la independencia técnica que garantizaba la Cofece.
Movimiento Ciudadano fue especialmente enfático al señalar que la reforma “debilita la transparencia, la eficacia y la competitividad” al centralizar decisiones en el Ejecutivo. Para el PAN, esta medida responde a represalias contra la Cofece por oponerse a reformas previas en materia energética, y abre la puerta a la captura política del órgano. Por su parte, el PRI advirtió que el nuevo esquema erosiona décadas de avance institucional y normativo en la vigilancia de prácticas monopólicas.
¿Progresismo regulatorio o recentralización?
El discurso oficial privilegia una narrativa de justicia económica y actualización estructural. Sin embargo, la concentración de facultades y la supresión de mecanismos de contrapeso (como el comité evaluador) revelan una tensión de fondo: la aparente contradicción entre ampliar las capacidades regulatorias del Estado y hacerlo a costa de su independencia operativa. El nuevo marco normativo abre espacio a una vigilancia más activa del mercado, pero bajo una estructura verticalizada.
Aunque la CNA tendrá funciones más robustas, su autonomía técnica dependerá ahora de una relación jerárquica con la Secretaría de Economía. Si bien sus decisiones están protegidas formalmente por la ley, el diseño institucional sugiere una mayor exposición a presiones políticas.
La minuta ya fue enviada a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la Cofece seguirá operando en lo que se instala el nuevo organismo. En el fondo, esta reforma no sólo transforma un órgano regulador: reconfigura el equilibrio entre vigilancia económica, poder político y legitimidad institucional en la era Sheinbaum.
